En Baja California Sur, los delitos sexuales continúan en aumento, mientras que la respuesta del sistema de justicia sigue siendo insuficiente. Especialistas en derecho advirtieron que la falta de aplicación efectiva de la prisión preventiva oficiosa está contribuyendo a mantener los altos índices de violencia sexual en la entidad.
Karla González Gavaraín, abogada litigante, recordó que el estado ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de abuso sexual, lo que debería traducirse en una acción contundente por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, lamentó que la medida contemplada en el artículo 19 constitucional ?que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos sexuales? se aplique de forma discrecional.
"Hay jueces que aún recurren a criterios subjetivos para no aplicar esta medida, pese a que la ley fue reformada para evitar ambigüedades. Incluso la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, impulsó una redacción clara para evitar estas interpretaciones, pero el problema persiste", señaló González Gavaraín.
La abogada enfatizó que la lucha contra la violencia sexual requiere coordinación efectiva entre los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. De lo contrario, las víctimas seguirán enfrentando procesos largos, dolorosos y revictimizantes, mientras los agresores continúan en libertad.
"Yo creo que sin duda aquí entra la aplicación de ese tipo de normas, para que se sepa que hay una consecuencia a los hechos. Si alguien anda libre y simplemente no hay justicia pronta, pareciera que hay impunidad", expresó.
Subrayó que si bien existen discursos institucionales que promueven la erradicación de la violencia, estos deben ir acompañados de acciones judiciales firmes para garantizar justicia y seguridad a las víctimas.
"El Gobierno del Estado ha promovido el lema de ?Ya Párale a la Violencia?, pero tiene que haber congruencia entre ese discurso y la aplicación real de la ley por parte del Poder Judicial", concluyó.
La omisión de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa en casos de agresión sexual no solo obstaculiza el acceso a la justicia, sino que también perpetúa un entorno de impunidad y desesperanza para las víctimas y sus familias.
