Luego de la desaparición de organismos autónomos a nivel federal, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha surgido la incertidumbre sobre qué ocurrirá con su equivalente en Baja California Sur, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI).
De acuerdo con Sergio Villarreal, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el ITAI continuará operando mientras el Congreso del Estado no armonice la ley local con la nueva legislación federal. Una vez completado ese proceso, las funciones del instituto serán absorbidas por la Contraloría estatal u otro órgano del Ejecutivo. "Va a repercutir tanto hasta que el Congreso del Estado armonice la ley local con la nacional. Por ahora el ITAI sigue en funciones, pero eventualmente esas tareas pasarán a órganos similares dentro del Estado", explicó Villarreal.
Durante 2024, el ITAI recibió 7 mil 737 solicitudes de información en Baja California Sur. En 2023 fueron 6 mil 887, y en 2022, un total de 7 mil 376, según cifras del propio instituto. Sin embargo, con la reconfiguración institucional, el mecanismo legal para hacer solicitudes aún no está definido, lo que podría afectar directamente a sectores como estudiantes, periodistas y medios de comunicación, quienes dependen de estos recursos para acceder a información pública.
"Se necesita una nueva normativa que regule cómo se responderán las peticiones. Mientras tanto, no están garantizados de forma clara los derechos ciudadanos para saber cómo se usan los recursos públicos", advirtió el integrante del comité.
Aunque aún existe la Plataforma Nacional de Transparencia, no hay certeza jurídica sobre cómo se gestionarán las nuevas solicitudes, lo que representa una limitación al derecho humano de acceso a la información.
En respuesta a este escenario, el Comité de Participación Ciudadana del SEA se encuentra trabajando en el primer Observatorio Ciudadano de Compras Públicas en Baja California Sur, el cual buscará vigilar el uso del recurso público y fomentar la transparencia desde la sociedad civil. "Si bien los mecanismos los tiene que implementar el Estado como órgano garante, los ciudadanos también debemos dar la lucha por tener nuestros observatorios. Estamos creando el primero, basado en herramientas como Declaranet", detalló Villarreal.
La desaparición del INAI y los ajustes normativos asociados representan una transformación profunda en el sistema de transparencia del país. En lo estatal, el principal desafío será que los nuevos mecanismos garanticen el acceso a la información y la protección de datos personales, pilares fundamentales en una democracia.