Gobierno podrá definir polígonos urbanos; ciudadanos temen impactos ambientales y sociales

Con 18 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó el 4 de noviembre las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, enviadas por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

La iniciativa otorga al Ejecutivo la facultad de definir polígonos de desarrollo o aprovechamiento prioritario y estratégico en todo el territorio estatal.

Desde tribuna, la diputada Guadalupe Vázquez destacó que la medida busca beneficiar a más de 50 mil familias que durante años no habían sido consideradas en programas de vivienda. "Sin lugar a dudas, la edificación de vivienda habrá de beneficiar en el caso de Baja California Sur a más de 50 mil familias que nunca voltearon a ver durante sexenios anteriores", expresó la legisladora.

Sin embargo, la fundadora de la organización Contener La Paz, Mariana Orozco, advirtió que las reformas no fueron socializadas con la comunidad ni con especialistas, lo que consideró un retroceso en materia de planeación urbana participativa."No estamos pidiendo que no se genere vivienda social, sino que se haga con consulta y participación ciudadana", señaló Orozco.

"En la zona deportiva Calafia fue aplanado un espacio para vivienda social, quitándole a las vecinas el único lugar de convivencia de calidad en la zona", agregó.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la facultad del gobernador para emitir declaratorias de creación de polígonos, según el artículo 10, fracción XVI, así como la obligación de los ayuntamientos de elaborar y aprobar los expedientes técnicos (artículos 13 y 17), que deberán incluir delimitación territorial, normas urbanísticas, densificación, distribución de cargas y estudios técnicos y sociales previos.

El artículo 104 Bis establece que los polígonos tendrán por objeto acciones específicas de desarrollo urbano en áreas delimitadas dentro de los centros de población, con fines de vivienda social, reubicación de asentamientos en zonas de riesgo y aprovechamiento de infraestructura existente.

Por su parte, Lucero Martínez, integrante del Colegio de Arquitectos de La Paz, informó que el gremio buscará un acercamiento con autoridades estatales y municipales para garantizar que los proyectos de vivienda social se impulsen sin poner en riesgo los espacios públicos. "Entendemos que la intención fue buena, pero ahora debemos ver cómo hacerlo sin violentar derechos, porque también se afecta la autonomía de los ayuntamientos establecida en el artículo 115 constitucional", apuntó Martínez.

"Buscamos trabajar en conjunto con las autoridades, como debió hacerse desde un inicio", añadió.

Ante las posturas encontradas, especialistas y organizaciones civiles coinciden en la necesidad de mantener canales abiertos de diálogo y transparencia, para asegurar que la vivienda social en Baja California Sur se desarrolle bajo criterios de planeación sustentable, equidad territorial y participación ciudadana.