Habitantes de La Paz reportan daños por robo constante de cableado eléctrico

El robo de cableado eléctrico y de alcantarillas se mantiene como un problema constante en Baja California Sur, generando un descontento generalizado entre las víctimas, quienes muchas veces desconocen a dónde acudir o ven frustradas sus denuncias.

Los postes de luz no se salvan de estos delitos, que también afectan a planteles educativos. La directora de la Secundaria Técnica número 13 "Javier Alvarado Arámburo", Celia Romero, informó que derivado del robo del cableado, la escuela enfrenta actualmente problemas en su sistema eléctrico interno, lo que podría poner en riesgo el suministro para las instalaciones. "Al parecer no se han vandalizado o dañado de forma visible, y como no se ve, no se abre porque no es un lugar donde podamos meter mano; suponemos que pudiera haber daños que nos van a dar problemas", señaló Romero.

A esta situación se suma el robo de alcantarillas. Según estimaciones del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, cerca de 90 tapas han sido sustraídas, lo que representa un costo adicional de 630,000 pesos, considerando que cada tapa tiene un valor aproximado de 7,000 pesos.

El robo de cableado se atribuye principalmente al alto valor del cobre, que actualmente se cotiza en 151.98 pesos por kilogramo y tiene gran demanda en el mercado de la chatarra. El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosió, señaló que se trata de grupos organizados que comercializan este material en mercados de reciclaje de metales. "Desgraciadamente, este es un problema antiguo vinculado al consumo y las adicciones. Se roba no solo para delinquir, sino por necesidad, y afectan incluso a escuelas. Estamos investigando a dónde y quién lo está comprando", declaró Castro Cosió.

Es importante recordar que desde 2020, el robo de cableado se tipifica como delito en la región, con penas que van de seis meses a tres años de prisión y hasta 100 días de multa, siempre que el valor de lo robado no exceda 80 veces el salario mínimo, según lo establece el Congreso del Estado de Baja California Sur.

A pesar de la existencia de esta normativa, los robos continúan, evidenciando la necesidad de reforzar la vigilancia y las sanciones para proteger la infraestructura eléctrica y el patrimonio público en el estado.