Tras revelarse que el puerto de Pichilingue, en La Paz, forma parte de la red nacional de tráfico ilegal de combustibles, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseguró que ningún funcionario del estado está implicado en estos hechos. No obstante, advirtió que, si durante las investigaciones se identifica alguna participación local, no habrá impunidad.
"De aquí de Baja California Sur ninguno, yo creo que lo que hacía era el tráfico de combustible, llegaba hasta acá a todos los puertos que mencionaron, era una red que bueno, que la desmontaron, qué bueno. Yo digo que no haya impunidad, hemos dicho nosotros que la lucha contra la corrupción, no tiene medida y va a alcanzar a quien tenga que alcanzar".
Agregó que la investigación continúa y que aún no se han revelado todos los nombres de los involucrados. Señaló que este tipo de procesos deben hacerse con precisión para evitar "chivos expiatorios" y afirmó confiar en que el puerto de La Paz solo haya fungido como punto de paso, sin participación local directa.
Finalmente, el gobernador descartó que la exposición del puerto de La Paz tenga un impacto negativo en la economía del estado, y sostuvo que, por el contrario, representa un avance en materia ética y de rendición de cuentas.