El abogado Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, calificó como inconstitucional el reciente nombramiento de Antonio López Rodriguez, encargado de despacho al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Advirtió que esta figura no se contempla en la Constitución local, esto,dijo, genera una inseguridad jurídica que puede traducirse en la nulidad de decisiones, investigaciones y procesos encabezados por esa persona, al no contar con atribuciones legales claras ni con el respaldo del Congreso.
Además, vulnera el principio de autonomía institucional y abre la puerta a arbitrariedades del Ejecutivo, debilitando la legalidad y el equilibrio de poderes en el estado.
Rubio mencionó que esta designación, lejos de resolver, abre la puerta a una serie de incertidumbres jurídicas y contradicciones normativas. "¿Qué validez tendrán las decisiones del encargado? ¿Qué pasará con los procesos en curso? Esto sólo complica el funcionamiento de la institución", cuestionó.
Finalmente agregó que, además, la Constitución establece que el cargo debe cumplir con principios de equidad y alternancia, lo que implica que en esta ocasión, la titularidad debería recaer en una mujer con experiencia y formación en materia penal.
