Instituciones públicas de BCS cancelarán contratos con empresas vinculadas al crimen organizado


Autoridades de Baja California Sur anunciaron que suspenderán y cancelarán cualquier contrato con empresas presuntamente vinculadas al crimen organizado, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a varias compañías mexicanas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, al menos once de estas empresas, dedicadas a la venta de insumos químicos y de laboratorio, recibieron más de 630 contratos por adjudicación directa con instituciones públicas de distintos estados, entre ellos Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

Las empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen a Sumilab, Storelab, Favelab, Quilab, Favela Pro y Comercial Viosma, varias de las cuales fueron proveedoras del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de La Paz, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la UABCS y el OOMSAPAS.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que su administración investigará de inmediato cualquier relación contractual con las empresas mencionadas y cancelará los contratos en caso de confirmarse los vínculos con la delincuencia organizada.

"Si me presentan algún contrato, lo investigamos de manera inmediata, pero yo no tengo antecedentes. Todas las obras de BCS se licitan, son licitaciones públicas", declaró el mandatario estatal.

Por su parte, la directora del OOMSAPAS La Paz, Zulema Lazos, reconoció que desde 2019 hasta este año se realizaron compras de cristalería, kits, guantes y cubrebocas a algunas de esas compañías, pero aseguró que no se harán nuevas adquisiciones hasta que se aclare su situación legal.

"En cuanto nos enteramos, nos pusimos a investigar cuáles eran las empresas y si estaban relacionadas con los proveedores que nosotros tenemos. Sí, tenemos proveedores desde 2019 a este año, y ya no se les van a realizar más compras hasta no esclarecer este tema", afirmó.

El rector de la UABCS, Dante Salgado, consideró que el verdadero problema radica en la falta de advertencia por parte de las autoridades federales, que no informaron a las instituciones sobre las investigaciones en curso contra esas empresas.

"Es un escándalo que haya empresas legalmente constituidas y las autoridades competentes no nos avisen que deberíamos o no tener relaciones con ellas. No podemos saber el origen de los accionistas o los socios que constituyeron esas empresas", dijo el rector, quien adelantó que la universidad suspenderá de inmediato cualquier relación comercial con las compañías señaladas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las sanciones alcanzan a ocho individuos y doce empresas mexicanas por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. Sin embargo, pese a las sanciones internacionales, varias de ellas continuaron operando en México y obtuvieron contratos públicos.

En seguimiento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que cerró operaciones a seis contribuyentes que intentaron justificar transacciones inexistentes, los cuales fueron señalados como emisores de facturas falsas.

Con esta decisión, las autoridades sudcalifornianas buscan romper cualquier vínculo comercial con empresas bajo investigación y reforzar los mecanismos de vigilancia y transparencia en las contrataciones públicas.

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