Internar a alguien a la fuerza a centros de rehabilitación es delito
Seguridad

Internar a alguien a la fuerza a centros de rehabilitación es delito

Por: Adriana Márquez Ruiz
La Paz
Fecha: 17-11-2026

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga posibles casos de privación ilegal de la libertad en centros de rehabilitación de Baja California Sur, luego de que recientemente se reportara que una persona fue ingresada a uno de estos establecimientos sin su consentimiento. 

El procurador Antonio López Rodríguez señaló que el ingreso a estos lugares debe ser voluntario, incluso cuando la decisión de llevar a una persona sea tomada por sus familiares.


El titular de la PGJE explicó que es frecuente que familiares de personas con problemas de alcoholismo o consumo de drogas busquen ingresarlas a centros de rehabilitación para recibir tratamiento. Sin embargo, advirtió que cuando el traslado se realiza contra la voluntad de la persona, puede configurarse el delito de privación ilegal de la libertad.

López Rodríguez precisó que estos casos son investigados por la autoridad, ya que el propósito de rehabilitación no justifica restringir la libertad de tránsito de alguien sin su consentimiento.

"Es una privación ilegal de la libertad de tipo penal porque la persona está restringida de su libertad de tránsito", explicó.

También aclaró que este delito debe distinguirse del secuestro, pues este último implica otros elementos, como la intención de causar un daño. En el caso de los centros de rehabilitación, señaló que el ingreso debe realizarse de manera voluntaria para evitar incurrir en una conducta delictiva.

PGJE revisa centros de rehabilitación en Baja California Sur

El procurador recordó el operativo realizado en el albergue María Loreto León Beltrán, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, donde las autoridades efectuaron un cateo y contabilizaron a 51 hombres adultos que se encontraban en el establecimiento.

De ese total, 29 personas decidieron retirarse voluntariamente, mientras que otras 22 permanecieron en el lugar.

López Rodríguez indicó que, en ese caso, no se trató de un secuestro. Explicó que las personas que optaron por salir manifestaron que no se encontraban en el albergue por voluntad propia y que habían sido ingresadas por sus familiares.

Asimismo, informó que la PGJE mantiene investigaciones y revisiones en centros de rehabilitación para verificar las condiciones en las que permanecen las personas y determinar si alguna fue privada de su libertad sin consentimiento.



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