Investigan albergue de Los Cabos por presuntas violaciones de derechos humanos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga al Albergue María Loreto León Beltrán, en San José del Cabo, tras denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos. Su titular, Antonio López Rodríguez, informó que durante el cateo se contabilizaron 51 hombres adultos, de los cuales 29 decidieron retirarse voluntariamente y 22 permanecieron en el establecimiento.

López Rodríguez explicó que el operativo se realizó mediante un mandamiento judicial derivado de una carpeta de investigación iniciada por una denuncia ciudadana. Durante la supervisión, las autoridades entrevistaron a los internos y revisaron sus condiciones físicas, sin detectar lesiones visibles.

El funcionario señaló que ninguno de los hombres entrevistados contaba con una ficha activa de búsqueda por desaparición. Sin embargo, indicó que algunas personas manifestaron estar en el centro contra su voluntad, por lo que las investigaciones continúan.

También confirmó que una persona extranjera, posiblemente de origen jamaicano, fue canalizada a Casa Peregrino, un centro municipal que brinda atención a personas en situación de riesgo, calle o abandono.

"Se está recabando información para saber qué es lo que me ocurre con dicho centro de rehabilitación. De momento no se encuentra clausurado. Mencionaron de una persona de origen Jamaicano no se reportó que fuera explotada .es un centro de rehabilitación, como operan muchos en el Estado, pero sí, había muchas personas que manifestaron que estaban en contra de su voluntad".

29 personas recibieron orientación de la PGJE

El titular de la Procuraduría precisó que 29 hombres manifestaron formalmente su decisión de no continuar con el tratamiento de desintoxicación y se retiraron por sus propios medios. Las otras 22 personas optaron por permanecer en el albergue para continuar su proceso.

Quienes abandonaron el establecimiento fueron canalizados a la Unidad de Atención a Víctimas de la PGJE, donde podrán recibir orientación y atención jurídica individualizada en el Centro de Justicia Penal, si así lo solicitan.

López Rodríguez aclaró que el centro no se encuentra clausurado y que la investigación sigue abierta para esclarecer las condiciones de operación del establecimiento y atender los señalamientos de los internos.