La Paz, en la mira por red nacional de huachicol fiscal

La ciudad de La Paz, en Baja California Sur, figura entre los ocho puertos investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de una de las redes de contrabando de combustibles más grandes del país, conocida como huachicol fiscal.

El gobernador Víctor Castro Cosío minimizó la participación de empresarios o funundionarios en  la entidad y  señalar que el puerto de pichilingue funcionó sólo como traslado.

"De aquí de Baja California Sur ninguno, yo creo que lo que hacian era el tráfico de combustible pues llegaban hasta acá y a todos los puertos que mencionaron, era una red que que bueno que la desmontaron"

El consultor en seguridad, David Saucedo, aseguró que en Baja California Sur sí hubo descargas de combustible, particularmente en Los Cabos, aunque en volúmenes menores que en otros puertos del país.

"Claro que sí hubo descargues en Los Cabos, por supuesto que sí, pero en menor medida. Y como la entidad está dominada por solo un grupo criminal, pues no era algo notorio", señaló.

Expresío que  en estados donde hay una  aparente tranquilidad no es producto de la eficacia institucional, sino de lo que denomina una "paz narco", donde el control de un solo cártel impide enfrentamientos visibles pero facilita el flujo de operaciones ilícitas.

La investigación judicial con folio FGR/AIC/CFIC/UINTAI/76993/2025 apunta a que La Paz fue considerada un punto neurálgico dentro del esquema, lo que hace prácticamente inevitable que hubiera conocimiento o participación de autoridades portuarias, aduanales, navales e incluso de la propia Administración Portuaria Integral (API).

Los documentos refieren que empresas como Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V., cuyo apoderado legal Santiago Corona Artigas registró más de 400 llamadas relacionadas con movimientos en puertos, tuvieron actividad vinculada con la capital sudcaliforniana.

"El hecho de que Baja California Sur no aparezca con episodios violentos no significa que no existan operaciones criminales. Lo que ocurre es que hay un acuerdo tácito: un solo grupo manda, y eso se traduce en calma aparente", puntualizó Saucedo.

La FGR ha liberado más de 200 órdenes de aprehensión contra empresarios, políticos, militares y trabajadores aduanales en todo el país, en un caso que, según especialistas, podría convertirse en uno de los más relevantes de los últimos años en materia de contrabando de combustibles.