Ley Alina: BCS busca justicia para mujeres que se defienden de agresores

La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó en el Congreso del Estado la iniciativa conocida como "Ley Alina", una propuesta que busca garantizar el derecho de las mujeres a defenderse de sus agresores sin ser criminalizadas.

Esta iniciativa toma su nombre de Alina Narciso, una ex policía que en 2019 fue condenada a 45 años de prisión tras matar a su pareja en un contexto de violencia doméstica. Tres años después, un tribunal reconoció que había actuado en legítima defensa, convirtiendo su caso en un símbolo para colectivos feministas y en un referente para abrir el debate sobre la violencia de género y la criminalización de las mujeres que se defienden.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en lo que va de 2025 se han registrado nueve feminicidios, de los cuales cuatro ocurrieron hasta el mes de septiembre.

Tan solo en el primer semestre del año se presentaron dos mil 177 denuncias por violencia familiar y 31 por abuso sexual. La mayoría de los feminicidios en el estado son cometidos por parejas o exparejas, lo que refuerza la urgencia de revisar los marcos legales que protegen a las víctimas.

La "Ley Alina" propone modificar el Código Penal de Baja California Sur para que cuando una mujer se defienda de violencia física, sexual o feminicida, se presuma la legítima defensa salvo prueba en contrario. El planteamiento central es que no se considere "exceso" cuando la defensa ocurra bajo miedo o terror, obligando además a jueces y ministerios públicos a actuar con perspectiva de género. La protección también se extendería a quienes auxilien a la mujer durante una agresión.

En tribuna, la diputada Olivas Parra precisó que "no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo, y al momento en que esta se concretice y se acredite haber estado en un estado de miedo, de terror o confusión que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta".

La iniciativa también contempla el aumento de penas por violación y violencia familiar, así como la implementación de protocolos que eviten la revictimización de mujeres por parte de policías, ministerios públicos o jueces. Actualmente, el Código Penal de Baja California Sur establece una pena máxima de 30 años por violación y de 4 años por violencia familiar, castigos que para colectivos feministas resultan insuficientes frente a la gravedad de los delitos.

Durante su exposición, Olivas Parra recordó que la llamada "Ley Alina" ya ha sido aprobada en estados como Baja California y Tamaulipas, y presentada en entidades como Chihuahua y Estado de México, además de llevarse a discusión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De aprobarse en Baja California Sur, el estado se sumaría a esta tendencia nacional y daría un paso histórico en la protección legal de las mujeres, evitando que sean criminalizadas por defenderse en situaciones de violencia extrema.