Ley de autismo en BCS genera críticas por exclusión social
En México, 1 de cada 115 personas vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y se estima que en Baja California Sur hay al menos 6,942 personas autistas. Ante esta realidad, este martes fue presentada en el Congreso del Estado una nueva iniciativa de ley para la atención y protección de las personas con TEA.
La diputada Gabriela Montoya propuso una ley que busca garantizar derechos como el diagnóstico temprano, educación inclusiva, acceso a salud física y mental integral, formación para el trabajo, transporte público accesible, vivienda digna, cultura y asesoría jurídica. "Tenemos un gran reto por delante. Las personas en el espectro autista merecen todo nuestro respaldo", declaró Montoya en tribuna, señalando que la propuesta será analizada por comisiones.
Durante la sesión, integrantes de colectivos de familias con hijos autistas y personas autistas mostraron su inconformidad con el contenido de la iniciativa. Acusaron que el documento no fue consultado con personas autistas y presenta un enfoque capacitista, es decir, que considera la discapacidad como algo que debe corregirse o adaptarse según normas sociales impuestas.
"Usan términos de muchos años atrás, discriminatorios y capacitistas. No representan a los autistas y estamos en contra de que se nos nombre así", señaló Marcela Arrevillaga, integrante de un colectivo de padres de personas autistas. "No se consultó. Hubo sesiones con asociaciones, pero no con autistas reales. No hubo una socialización adecuada, por eso se invalidó la ley anterior", agregó otra integrante del colectivo.
La activista neurodivergente Citlalli Salgado, diagnosticada con autismo desde los 19 años, criticó el lenguaje empleado desde el inicio del documento. "Dicen que son personas con la condición del espectro autista. Eso está mal. Somos personas en el espectro autista. Desde ahí, el lenguaje no es inclusivo", apuntó.
El 13 de marzo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley anterior de autismo en Baja California Sur (Decreto 3010), precisamente por no haberse realizado una consulta previa con personas autistas, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
El Congreso tiene un plazo de 12 meses para subsanar esta omisión. La iniciativa presentada este martes representa el inicio de ese proceso, aunque la desconfianza de la comunidad permanece vigente.
Citlalli y otros activistas recalcaron que esta vez no puede repetirse el mismo error: legislar sin incluir directamente a las personas autistas.
Exigen que se realice una consulta pública, respetuosa y especializada, en donde las propias personas autistas y sus familias participen activamente en la construcción de una ley que los represente dignamente y sin discriminación.
