Leyes garantizan acceso libre a playas, pero no se cumple.

Aunque Baja California Sur cuenta con al menos 23 playas certificadas, entre ellas Coromuel, El Saltito, Punta Arena, Acapulquito, La Rivera, Chileno y El Corsario, la ciudadanía enfrenta cada vez más obstáculos para acceder a ellas debido a la privatización por parte de particulares y desarrolladores inmobiliarios.

Durante 2024, el Ayuntamiento de La Paz ha registrado 13 reportes de cierres de accesos a playas, mientras que en 2023 cerró con 15 casos. Aunque algunas vías han sido liberadas recientemente ?como dos accesos en El Pescadero y uno en Cerritos?, la problemática continúa en aumento. "Hemos detectado que se ha incrementado el número de casos de cierre de playas, obstruyendo los derechos de las comunidades cercanas", afirmó Sarahí Gómez, coordinadora de investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), oficina Noroeste.

Las organizaciones civiles y vecinos han denunciado que desarrolladores alegan propiedad privada o caminos en desuso para limitar el acceso, lo que afecta tanto a residentes como a visitantes. Según activistas, es una táctica común para mantener alejados a turistas de zonas frente a hoteles o residencias exclusivas.

Uno de los ejemplos más notorios fue en Pichilingue, donde un concesionario había instalado una estructura que impedía el paso. La organización Metiches por Naturaleza logró que se revocara la concesión. "Le quitaron la concesión a un concesionario que había puesto un gallinero, obligando a la gente a caminar dentro del mar. También en El Saltito pusieron una pluma con picos, que logramos retirar", explicó Arturo Hernández, comandante del colectivo.

A pesar de estos esfuerzos ciudadanos, en Baja California Sur existen actualmente 210 concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que suman casi 3 millones de metros cuadrados de playa concesionada, según datos de la Semarnat.

De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 8 establece que "el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado". Asimismo, el artículo 127 obliga a los propietarios de terrenos colindantes a permitir el libre acceso a estos espacios públicos si no existen vías públicas habilitadas.

La privatización de las playas no solo limita el acceso recreativo, sino que deteriora ecosistemas, afecta la identidad cultural de las comunidades costeras y vulnera derechos básicos como el libre tránsito y el contacto con la naturaleza.

Las organizaciones civiles hacen un llamado a las autoridades a fortalecer la vigilancia legal y sancionar las restricciones ilegales, además de exigir una mayor participación ciudadana para proteger estos espacios públicos que forman parte del patrimonio natural de todos los sudcalifornianos.