El reciente anuncio sobre la entrega de 500 plazas y horas para docentes en Baja California Sur ha generado inconformidad entre el magisterio. Integrantes del movimiento de preescolar y docentes eventuales interpusieron un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), al considerar que el criterio de asignación por antigüedad, determinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es ilegal y viola la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Isabel de la Peña, integrante del movimiento, explicó que la decisión de repartir plazas mediante mesas técnicas de trabajo y con base en la antigüedad, contradice lo establecido en el artículo 39 de dicha ley, el cual exige que los procesos de admisión sean anuales, públicos, transparentes, equitativos e imparciales. "Estos actos previos de entrega de plazas son ilegales. Se están haciendo sin respetar el listado nominal de resultados del proceso de selección. Queremos evitar que las plazas se repartan entre amistades y no por mérito", señaló De la Peña.
De acuerdo con la normatividad vigente, sólo pueden asignarse plazas validadas y registradas oficialmente, a personas que hayan participado en los procesos de selección y evaluación. En caso de vacantes sobrantes, estas deben asignarse a los mejores evaluados, priorizando a egresados de escuelas normales.
La USICAMM, órgano encargado de regular estos procesos, ha sido cuestionada en años recientes por presuntos actos de corrupción y falta de transparencia. Ante esto, los docentes buscan que se respete la ley y se garantice un acceso justo a la carrera magisterial. "Estamos apostando por la vía legal. Nos preocupa profundamente que esta entrega de plazas no cumpla con los principios de equidad y legalidad", concluyó la docente.