Marcha del sombero abre investigación por abuso policial

El pasado 15 de noviembre, cientos de jóvenes salieron a marchar rumbo a la plaza pública León Cota Collins, donde el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, rendiría su primer informe de gobierno. Lo que comenzó como una movilización pacífica terminó en un ambiente de tensión y confrontación cuando el contingente intentó ingresar al evento, que presuntamente era de carácter público.

El saldo fue gases de extintores, empujones, golpes, tres personas detenidas y una joven lesionada. La tensión alcanzó su punto más crítico cuando un joven, sometido por policías, logró acercarse al gobernador Víctor Castro Cosío, quien recién llegaba al informe. El mandatario ordenó que lo liberaran de inmediato.

Tras los enfrentamientos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) abrió una queja de oficio para investigar posibles vulneraciones a derechos humanos por parte de alguna autoridad. La presidenta del organismo, Charlene Ramos Hernández, señaló que la situación encendió alertas dentro del organismo.

"Nosotros externamos nuestra preocupación, por supuesto, en una situación de esta naturaleza. En responsabilidad a lo que corresponde como ombudsperson, autoricé e instruí que se abriera una queja", expresó Ramos Hernández.

El contexto tampoco es menor: Baja California Sur cerró 2024 con 385 quejas por abuso policial, la mayoría relacionadas con corporaciones municipales y estatales, de acuerdo con la CEDH.

Este clima, advierte la Comisión, podría haber tenido un impacto visible durante la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ramos Hernández indicó que en 2024 se recibieron quejas de mujeres adultas que se sintieron amedrentadas o violentadas en su derecho a manifestarse políticamente.

"Lamentablemente este dato lo reportamos en el segundo informe anual. El grupo de atención prioritaria más violentado con violaciones a derechos humanos,me refiero a las recomendaciones,son las mujeres adultas. A ellas se les vulneraron sus derechos por acudir a la marcha del 25 de noviembre, como está documentado, y también fueron intimidadas y amedrentadas para que no asistieran a la marcha del 8 de marzo", señaló.

La presidenta de la CEDH subrayó que este tipo de inhibición social es un indicador claro de posibles vulneraciones a los derechos humanos y llamó a garantizar espacios seguros para el ejercicio de la libre manifestación.