Ante la solicitud de prestadores de servicios turísticos para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto "Cerritos La L", la titular de la Oficina de Representación de la dependencia en Baja California Sur, Cristina González Rubio Sanvicente, aclaró que el procedimiento de evaluación ambiental no contempla revisar la propiedad o tenencia de la tierra.
Explicó que el proyecto, ubicado en Playa Los Cerritos, tiene como antecedente un procedimiento administrativo iniciado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2023, luego de que se detectara el inicio de obras sin la autorización previa en materia de impacto ambiental. Como resultado, en 2024 la Profepa sancionó al promovente y le ordenó regularizar el proyecto ante la Semarnat.

En ese contexto, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en 2025 forma parte de un procedimiento de regularización de obras previamente ejecutadas y sancionadas. La funcionaria precisó que la resolución emitida no representa una autorización integral del proyecto, sino la regularización de aquellas obras y actividades previamente sancionadas por la Profepa que generan menores impactos ambientales, sujetas al cumplimiento de diversas condicionantes
Evaluación en materia ambiental
Luego de que prestadores de servicios señalaran que la autorización se otorgó en un terreno cuya propiedad es motivo de controversia, González Rubio reiteró que la legislación en materia de impacto ambiental no faculta a la Semarnat para determinar la tenencia de la tierra.
"En el proceso de evaluación de impacto ambiental no revisamos la tenencia de la tierra. Nuestra competencia es evaluar los impactos ambientales del proyecto durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, considerando aspectos como el uso de recursos naturales, agua y la presencia de especies protegidas por la NOM-059, pero no determinar quién es propietario del terreno", señaló.
La titular de la Semarnat añadió que la dependencia tiene conocimiento de los conflictos sociales existentes en Playa Cerritos y ha recibido planteamientos tanto del Ejido El Pescadero como de prestadores de servicios y otros actores involucrados. No obstante, enfatizó que esos conflictos corresponden a ámbitos distintos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, no constituyen un fundamento legal para negar una autorización ambiental.