La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre la sentencia condenatoria dictada en contra de Abel "N", un adolescente de 15 años, por el asesinato de su prima y su abuela en el municipio de Mulegé.
El caso, ocurrido en agosto de 2024, conmocionó a la comunidad local por la naturaleza del crimen y la edad del responsable. De acuerdo con Daniel de la Rosa Anaya, titular de la PGJE, el joven fue detenido el 24 de agosto de 2024 y posteriormente procesado bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes. El juez determinó una sentencia que incluye una medida de internamiento y rehabilitación por tres años en el Centro de Internamiento para Adolescentes en La Paz, así como una reparación económica por un total de 2 millones 519 mil pesos a favor de las víctimas indirectas. "El responsable de los hechos es una persona adolescente, contaba con 15 años al momento del crimen. Se ordenaron medidas de internamiento y rehabilitación conforme lo establece la ley", expresó De la Rosa Anaya.
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California Sur contempla un marco legal específico para personas de entre 12 y menos de 18 años que cometen delitos. Esta legislación tiene como base el reconocimiento de que los adolescentes se encuentran en un proceso de formación y, por tanto, requieren un tratamiento distinto al de los adultos.
El artículo 18 de dicha ley contempla diversas medidas que pueden aplicarse a menores en conflicto con la ley, que van desde amonestaciones, servicios a la comunidad y libertad asistida, hasta internamiento en casos graves, como el que corresponde a este doble feminicidio.
Asimismo, el artículo 40 garantiza los derechos del adolescente durante el proceso judicial, incluyendo el debido proceso, asistencia legal, protección de identidad y enfoque en su reintegración social y familiar. Incluso si un menor cumple la mayoría de edad durante su sentencia, el artículo 164 estipula que debe seguir siendo juzgado bajo el marco de justicia para adolescentes, aunque su reclusión puede extenderse hasta un máximo de cinco años y, en ciertos casos, contemplarse su traslado a un centro para adultos si las condiciones lo ameritan.
Enfoque en la reintegración Arturo Rubio, abogado , subrayó la importancia de que el sistema no solo castigue, sino que también ofrezca herramientas para la reintegración del menor. "Aunque haya cometido un delito grave, debe tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad mediante programas educativos y deportivos", dijo. Agregó que el enfoque debe ser preventivo y rehabilitador. "Está en un proceso de formación. Si es sorprendido cometiendo un acto de esa naturaleza, lo que buscamos es reintegrarlo a la sociedad, no simplemente excluirlo", puntualizó.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad del sistema de justicia para adolescentes y los retos que enfrenta el Estado en materia de prevención, atención y reinserción social de menores que cometen delitos graves.
