Mulegé y Organismo de Agua de Los Cabos repiten cuentas reprobadas
La Paz
Fecha: 21-10-2026
OOMSAPAS Los Cabos y el Ayuntamiento de Mulegé encabezan la lista de entes públicos de Baja California Sur con mayores montos pendientes de solventar en la revisión de las cuentas públicas de 2024, con mil 25.79 millones y 619.4 millones de pesos, respectivamente.
Los resultados también incluyen observaciones a organismos de agua potable, ayuntamientos e institutos públicos, mientras especialistas advierten sobre la necesidad de dar seguimiento a las irregularidades detectadas en ejercicios anteriores.
De acuerdo con los datos presentados ante el Congreso de Baja California Sur, el organismo operador de agua potable de Los Cabos concentra el monto más alto, seguido por Mulegé y el Ayuntamiento de Comondú, que reportó 150.83 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar.
Los montos corresponden a observaciones de fiscalización que requieren aclaración o solventación. Por sí solos, no acreditan que los recursos hayan sido desviados.
OOMSAPAS Los Cabos y Mulegé, entre los entes con más recursos observados
El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos registró mil 25 millones 791 mil pesos pendientes de solventar, de acuerdo con la información presentada ante el Congreso estatal.
En segundo lugar se ubicó el Ayuntamiento de Mulegé, con 619 millones 400 mil pesos. De las 65 observaciones de cumplimiento y gestión financiera reportadas para este municipio, 49 quedaron sin solventar.
Por su parte, el Ayuntamiento de Comondú acumuló 150 millones 833 mil pesos en montos reportados dentro de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024.
La relación también incluye a organismos e institutos públicos. El Instituto de Cultura y las Artes de Los Cabos registró 67.8 millones de pesos en observaciones pendientes, mientras que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura reportó 30.1 millones.
El Instituto Tecnológico Superior de Mulegé acumuló 25.09 millones de pesos; el Instituto de las Mujeres de Los Cabos, 16.2 millones, y el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, 2.407 millones de pesos.
Estos resultados forman parte del proceso de revisión de las cuentas públicas de 2024, cuya dictaminación continúa para otros entes obligados a rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos.
Especialista advierte sobre la reincidencia y la capacidad de fiscalización
Sergio Villarreal Nogales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, explicó que cuando una institución no solventa observaciones de ejercicios anteriores, debe revisarse si corresponde aplicar la reincidencia y abrir los procedimientos administrativos respectivos.
"Si no apruebas la cuenta pública el año pasado [...] ya te hicieron las observaciones, te hicieron que tienes que solventar esas observaciones y no las hizo el ente público, el ayuntamiento o la dependencia que manejó recursos públicos, pues se le tiene que aplicar la reincidencia", señaló.
El integrante del Comité agregó que, además de determinar si procede la reincidencia, deben abrirse las carpetas administrativas correspondientes.
Villarreal Nogales también señaló que existe una diferencia entre la cantidad de entes públicos obligados a presentar sus cuentas y el número de órganos internos encargados de vigilar el uso de los recursos.
De acuerdo con los datos que maneja el Comité, hay 76 entes públicos obligados a presentar cuenta pública, pero solamente 11 contralorías u órganos internos de control realizan labores de vigilancia.
"Se la están dejando a la Secretaría de la Función Pública o a contralorías municipales cuando no van a tener la carga ni el personal para hacer frente a esas observaciones", advirtió.
La revisión de las cuentas públicas de 2024 continúa con otros entes pendientes de dictaminación. Mientras tanto, los montos sin solventar y la posible reincidencia mantienen el foco en el seguimiento de las observaciones y en la capacidad de las instituciones responsables de fiscalizar el gasto público.
