Atender la situación de las personas que viven en la calle sigue siendo un tema complejo, marcado por la falta de protocolos claros, la ausencia de coordinación entre instituciones y los límites legales que impiden una atención inmediata y efectiva.
La presencia prolongada de una mujer en situación de calle sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de Chametla, volvió a poner en evidencia la falta de respuesta ante un problema que permanece sin atención clara ni coordinación institucional. Desde la tarde hasta la noche del jueves, la mujer conocida como "Vicky" permaneció en la vialidad sin que nadie ,ni familiares, ni autoridades, ni asociaciones civiles, asumiera plenamente la responsabilidad de intervenir.
La regidora y presidenta de la Comisión de Salud, Blanca Pulido Medrano, reconoció que este tipo de casos reflejan la ausencia de protocolos definidos y de una primera instancia que actúe con rapidez. "El chiste es de que se prestó a que hubo una situación que no se pudo dar el apoyo de ambulancia. Entonces, y bueno, luego el Salvatierra decía, ?espérenme porque no tengo camas?. Porque también es eso. Debemos de ver el número de camas que tiene la unidad hospitalaria, de las que tiene destinadas desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, se van juntando una serie de situaciones que atrasó el caso de la señora Victoria", explicó.
Este no es un hecho aislado. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México existen al menos 5 mil 700 personas en situación de calle. Sin embargo, en Baja California Sur no existe un registro oficial que permita dimensionar la magnitud del problema. La ausencia de un censo actualizado impide conocer cuántas personas viven en la vía pública, en qué condiciones se encuentran y qué tipo de atención requieren.
Pulido Medrano adelantó que buscarán impulsar una propuesta desde la regiduría que encabeza para atender este tipo de casos con mayor claridad. "Vamos a presentar un programa, un documento, de tal manera que la presencia de nosotros en esta regiduría quede huella, al menos sí ver este tipo de situaciones que pues le tocan a todos y a nadie", afirmó.
A la falta de un esquema institucional claro que defina responsabilidades y tiempos de respuesta, se suman los límites legales para intervenir cuando se trata de adultos que se niegan a recibir ayuda. "Por supuesto que el sistema estatal está en la lógica de atender y apoyar en todo lo que se pueda al adulto mayor, pero tenemos límites legales que es la voluntad de las personas", explicó la presidenta honoraria del DIF Estatal, Patricia López Navarro.
Autoridades coinciden en que se requieren políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de quienes viven en la calle, no solo como un acto de justicia social, sino como una responsabilidad colectiva que impacta a toda la sociedad.