Presupuesto del INE debe responder a necesidades electorales, plantea experta

El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) debe responder al crecimiento del padrón electoral y la inflación, pero también estar sujeto a una revisión sobre cómo se administran y ejercen los recursos públicos, consideró la analista política Adriana Borges.

La especialista señaló que el debate sobre el financiamiento del organismo no debe limitarse al monto que solicita o recibe, sino que también debe considerar si el presupuesto corresponde a sus necesidades operativas y si los recursos se utilizan de manera adecuada.

Explicó que el crecimiento del presupuesto electoral puede responder a factores como el incremento de la población registrada en el padrón y la inflación, debido a que ambos elementos modifican los costos de organización de los procesos electorales.

Crecimiento presupuestal debe corresponder a necesidades del INE

Borges indicó que la organización de elecciones transparentes y con el menor número posible de errores requiere recursos suficientes para desarrollar las distintas actividades del proceso electoral.

En ese sentido, sostuvo que el presupuesto debe mantener congruencia con los cambios demográficos y económicos que impactan las responsabilidades del instituto.

"Hay una fórmula legal que se presenta de acuerdo a la misma y, como sociedad, tenemos nada más que estar muy al pendiente de que sea congruente el crecimiento presupuestal a las necesidades que crecieron en la población electoral", expresó.

Sin embargo, la analista planteó que también es necesario revisar cómo se ejercen los recursos, particularmente ante las dificultades administrativas que pueda enfrentar el organismo.

Desde su perspectiva, no basta con discutir cuánto dinero recibe el INE. También debe examinarse la administración del presupuesto, la ejecución del gasto y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.

La especialista consideró que la vigilancia ciudadana es parte de este proceso, pues permite dar seguimiento a que los recursos destinados a la organización de elecciones correspondan a las necesidades reales del sistema electoral.