Seguridad sin protocolos

El 6 de mayo de 2025, Leidy y Alexa de 11 y siete años de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos del Ejército Mexicano, quienes dispararon sin razón contra la camioneta en que viajaban. Otros integrantes de la familia resultaron con heridas graves.

Este 6 de abril de 2026, 13 militares fueron vinculados a proceso por estos hechos que muestran una vez más la falta de protocolos de actuación y de formación suficiente en materia de derechos humanos.

Los abusos cometidos por agentes del Estado no son nuevos pero llama la atención que sean los gobiernos emanados de la izquierda, los que perpetúen estos actos y no hagan lo suficiente para abatir la impunidad en torno a ellos, pues las dependencias de seguridad aseguran incluso, desconocer el número de personas civiles que han sido asesinadas o lesionadas por sus armas.

"Pues es la descomposición del mismo estado y mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Incluso tenemos el periodo de Calderón y Peña Nieto donde pues las violaciones a derechos humanos se quintuplicaron con respecto a un periodo anterior y pues efectivamente todavía no salimos de la cauda de toda esa situación eh de violación a derechos humanos generalizada y sistemática en México", dice Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México.

En octubre de 2024, soldados y elementos de la Guardia Nacional provocaron la muerte de tres personas, incluyendo una niña de 8 años y una enfermera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no emitió un comunicado oficial y su versión fue cuestionada por las familias de las víctimas, porque intentaban justificar estas ejecuciones extrajudiciales con el típico? fue una confusión.

En abril de 2025, un hombre de 31 años de edad fue asesinado por policías municipales de Torreón, Coahuila, en medio de un fallido intento de desalojo de manifestantes en el ejido conocido como Nuevo Mieleras.

En junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a elementos de la Guardia Nacional por la ejecución extrajudicial de dos civiles en Sinaloa y en diciembre de ese mismo año, un oficial de la Guardia Nacional en Michoacán disparó su arma dentro de un cuartel, matando a tres oficiales y lesionando a dos compañeros, además de herir a un civil con una bala perdida.

En enero de 2026, un menor de edad resultó muerto tras un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional, en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Al momento no está claro si el menor murió a manos de los uniformados.

Estos son apenas uno ejemplos de abusos cometidos por uniformados; abusos que se dan en todos los niveles, desde las corporaciones municipales, estatales y las federales.

POLICÍAS SIN PROTOCOLOS NI CAPACITACIÓN

Lucero Díaz Estrada es periodista. El 2 de abril de 2020 asistió a cubrir una manifestación en el municipio indígena de Caltzonzin, conurbado con Uruapan, Michoacán, a la que acudieron elementos de la policía municipal uruapanense, para desalojar al grupo de ejidatarios que protestaba.

Los uniformados detuvieron arbitrariamente y golpearon a varios manifestantes, lo que encendió la ira de la comunidad.

"En ese momento los integrantes de la policía municipal, se baja uno de la patrulla y comienza a disparar en el suelo. Los manifestantes toman piedras de alrededor y los avientan a la patrulla, nunca los aventaron a los policías. Los policías por miedo comenzaron a irse de reversa", dice Lucero Díaz

Sin embargo, la tensión y falta de protocolos de actuación y entrenamiento adecuado provocó que las cosas se salieran de control.

"Cuando estos elementos de la policía municipal continúan disparando, una de esas balas se va directamente hacia mi hacia mi persona, pero la ventaja fue era un rifle y lo que lo que la ventaja fue que la bala pega en el piso, rebota y me pega en el busto izquierdo", recuerda la reportera.

Lucero fue una de las cuatro víctimas con heridas de bala durante ese fallido operativo para desalojar, en el que otras 17 personas resultaron con lesiones por golpes propinados por policías.

Falló el protocolo de actuación.

"Debe de haber por lo menos un estudio previo del tipo de manifestaciones que se estén desarrollando, para en todo caso poder desplegar un operativo acorde a las necesidades y tipo de personas que van a manejarse", asegura Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en temas de seguridad y quien ha diseñado e impartido cursos de capacitación para diferentes corporaciones policiales.

Y es que el problema empieza con la ausencia de protocolos de actuación entre las corporaciones de seguridad.

El 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que en su artículo segundo, fracción primera establece que :

Esta tiene por objeto: "Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones".

Y agrega que el uso de la fuerza debe aplicarse por "absoluta necesitad y ser la última alternativa de un cuerpo de seguridad y con respeto irrestricto a los derechos humanos".

Según la ley, el uso de la fuerza sólo puede usarse si está en riesgo la integridad o la vida de un elemento de seguridad o de terceras personas.

"Sí existe un protocolo de para manifestaciones, para la protesta social. Sin embargo, pues no se aplica. Además es un protocolo a nivel federal y en los estados, por ejemplo, la mayoría de los estados no tiene un protocolo", afirma Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México.

Al respecto, Pedro Cárdenas, oficial del programa de protección y espacio cívico de la organización Artículo 19, destaca que los protocolos que se diseñan desde la Federación, no llegan a los estados y menos a los municipios.

"Sigue habiendo un reto de cómo traspasar de los documentos que existen al resto, pensamos que somos 32 estados de la república, hay que seguir avanzando y por supuesto es una obligación del estado".

¿Y realmente existen esos protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad?

En diferentes reuniones con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación presume que ya existe este documento que establece los mínimos con los que las fuerzas de seguridad se deben conducir, pero está enfocado sólo al contexto de la protesta social y sólo aplica para fuerzas federales.

La Unidad de Investigación de Meganoticias hizo diversas solicitudes de información a las dependencias federales responsables de la seguridad pública y la protección ciudadana y la respuesta se resume de la siguiente manera.

No encontraron sus protocolos.

La Secretaría de la Defensa Nacional respondió que "después de haber realizado una exhaustiva búsqueda (?) no se localizó evidencia documental que dé respuesta a sus requerimientos" y en su lugar, recomienda solicitar esta información a la Guardia Nacional, paradójicamente, cuerpo que depende de la Sedena.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió en el mismo sentido que realizó "una búsqueda exhaustiva, razonable y congruente de la información requerido en los archivos físicos y electrónicos (?) y no se encontró expresión documental alguna relacionada con la información requerida?".

Esto significa que las secretarías de Estado que integran el gabinete de seguridad, reconocen oficialmente que tienen protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza.

Sin embargo, la Secretaría de Marina respondió que "la normatividad que rige a esta dependencia en materia de uso de la fuerza, es la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y el Manual de uso de la fuerza, de aplicación común para las tres fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada)", lo que contradice a la Sedena.

Más aún, el 30 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Manual de uso de la fuerza, de aplicación común para las tres fuerzas armadas" y fue la propia Sedena la responsable de publicar este documento.

SEGURIDAD SIN PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

Por otro lado, las mismas dependencias federales reconocen que carecen de un plan de capacitación en materia de derechos humanos para sus elementos.

La Defensa no respondió sobre programas, cutos o talleres en materia de derechos humanos dirigidos a sus elementos de tropa o mandos, que les permita actuar con base en el respeto y protección de las garantías individuales.

La Marina, de la que depende la Armada de México, respondió vagamente a la solicitud de información:

"Los cursos de capacitación cuentan con diferentes números de horas dependiendo de la modalidad en la que sea impartido (On line, plataforma o presencial), en virtud de que los mismos se adaptan a la rutina del personal naval". Es decir, no respondió sobre las horas de capacitación y los temas impartidos en esta materia entre su personal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que de 2023 a 2025 se impartieron 24 mil 966 horas de capacitación sobre diferentes temas relacionados con derechos humanos, pero no indica cuántas personas participaron en estos cursos y talleres ni qué persona o qué instancia fue la responsable de impartirlos.

Sin embargo, la propia dependencia federal informa una disminución progresiva en las horas de capacitación impartidas que pasaron de nueve mil 116 en 2023 a siete mil 919 en 2025? mil 197 horas menos.

La secretaría tampoco informa sobre el número de personas que asistieron a estas actividades de formación, y por lo tanto, no sabemos cuántas horas de capacitación por persona se concretaron en los periodos informados y menos los resultados y aprendizajes alcanzados.

Llama la atención que en su respuesta, la SSyPC proporciona una lista de cursos y talleres sobre derechos humanos para los ejercicios fiscales de 2019, 2020, 2021 y 2022 y al mismo tiempo reconoce que en esos años no se impartió ni una sola hora de capacitación. Hubo cursos que no se impartieron.

OPACIDAD EN EL USO DE LA FUERZA

Las fuerzas federales reconocen que "no encontraron evidencia documental" de protocolos para el uso de la fuerza, pese a la existencia de un manual publicado en el Diario Oficial en 2014.

Aceptan que no cuentan con suficientes y eficientes programas de capacitación en materia de derechos humanos para quienes se encargan de la seguridad.

Tampoco cuentan con información ni registros sobre el número de personas civiles que hayan fallecido o hayan resultado lesionadas como consecuencia de operaciones realizadas por los mismos cuerpos de seguridad federal Ni sobre cuántos expedientes e investigaciones existen en las áreas de asuntos internos, órganos internos de control e instancias de disciplina por abusos cometidos por elementos en activo.

"El tener al ejército fuera eh de las de sus cuarteles viola los derechos humanos y no hay eh justificación alguna, incluso aunque ellos dijeran que no había otra forma, eso viola los derechos humanos, entonces tienen que aceptar que violando los derechos humanos mantuvieron a los militares fuera de sus cuarteles", asegura Francisco Cerezo Conteras, coordinador del Comité Cerezo México

Entre 2021 y 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 325 casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por agentes el Estado.

Se trata de un caso de abuso y uso excesivo de la fuerza cada cuatro días y de estos no se conoce el número de agentes estatales que enfrenten procesos penales.

Sin embargo, a partir de enero de 2024 la propia CNDH dejó de hacer públicas las recomendaciones y el seguimiento de quejas por violaciones a derechos humanos, lo que permite al Estado mexicano mantenerse en la opacidad en cuanto a los abusos que comete.

Y esto a pesar de que las fuerzas de seguridad están obligadas a informar sobre cualquier actividad que suponga el uso de la fuerza, conforme lo establece el

Artículo 35 de la Ley Nacional en la materia.

No es sólo falta de transparencia, es una continuada evasión a la responsabilidad de rendir cuentas sobre los actos que puedan provocar daños en contra e la población civil, como advierte Francisco Cerezo.

"Y mientras exista un caso quiere decir que hay una cadena de complicidades y una impunidad porque hasta la fecha no hemos visto que sentencien a policías, marinos, soldados que hayan violado los derechos humanos desde los periodos de Calderón, Peña Nieto, López Obrador ni el actual gobierno".

Y si esto sucede entre las fuerzas federales, en estados y municipios la impunidad de las fuerzas uniformadas es mayor, como recuerda la periodista Lucero Estrada, pues ningún policía ni autoridad fue sancionada por las lesiones de que fue víctima por la mala actuación de policías municipales de Uruapan.

"De nada sirvió dar a conocer esto, denunciarlo que su falta de protocolos de actuación dejaron personas ya lesionadas y que en algún momento dado podrían ocurrir hechos más lamentables. No ocurrió nada, no hubo sanciones, no hubo más capacitación para estos policías".

7:13 "Entonces, lo que estamos hablando es que cuando las fuerzas de seguridad cometen estas graves violaciones a derecho derechos humanos y además delitos no están siendo sancionados y la impunidad lo que va a permitir es que se siga repitiendo los hechos. Si no me castigan, puedo volverlo a hacer", sentencia Cerezo Conteras 7:31