 
                                    La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró este miércoles que Uber y las plataformas digitales de transporte no cuentan con permiso para operar en los aeropuertos del país, pese a la confusión generada por una reciente resolución judicial federal.
De acuerdo con la dependencia, la suspensión definitiva otorgada a Uber solo impide que la Guardia Nacional detenga o sancione a sus conductores dentro de las zonas federales aeroportuarias, pero no sustituye los permisos federales requeridos para ofrecer servicio de transporte en esas instalaciones.
La aclaración surgió luego de que la noticia se difundiera en medios y redes sociales, interpretándose erróneamente como una autorización para que la plataforma operara libremente en los aeropuertos. La confusión provocó que varios conductores celebraran la medida y comenzaran a ofrecer viajes desde las terminales aéreas.
Para los choferes de plataformas digitales, la resolución representó un alivio temporal ante el constante temor de ser sancionados o perder su vehículo.
"Yo creo que es algo que favorece tanto a nosotros los conductores como a los usuarios, porque siempre se quejan de que tienen que salir del aeropuerto hasta la carretera para poder tomar un viaje", expresó Jorge Castro Romero, conductor de plataformas.
Sin embargo, otros se mostraron cautelosos y temerosos de represalias de los transportistas del aeropuerto.
Según un sondeo realizado entre choferes, un conductor de Uber realiza entre 17 y 21 viajes diarios, con ingresos que van de 900 a 1,100 pesos, dependiendo del tráfico y la demanda. En el caso de los traslados desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, la tarifa promedio oscila entre 140 y 180 pesos, mientras que los taxis del aeropuerto cobran hasta 790 pesos por el mismo recorrido.
"Ahora la pregunta sería si los transportistas del aeropuerto van a tomar represalias o si podremos trabajar todos en paz", comentó un conductor de Uber que prefirió mantener el anonimato.
Los taxistas locales aseguran que su actividad se ha vuelto poco rentable debido a los altos costos de permisos, concesiones y requisitos administrativos, lo que ,afirman, los coloca en desventaja frente a las plataformas digitales.
"Ya no es negocio. Si sacas para comer y la gasolina del carro, date por ganado, porque no queda mucho", señaló José Amador Castro, taxista local.
El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur), Agustín Olachea, consideró que el mercado debe autorregularse y que el consumidor sea quien decida qué servicio utilizar.
"No podemos estar yendo en contra de los mercados. Hay para todos: Uber, Didi, taxis, transportaciones privadas. El consumidor es el que debe decidir", afirmó.
Aunque la suspensión judicial protege a los conductores de actos de molestia, la SICT reiteró que no existe autorización para operar dentro de los aeropuertos.
La disputa entre el gobierno federal, las plataformas digitales y los concesionarios del transporte formal abre un nuevo capítulo en la regulación de la movilidad aeroportuaria en México, donde la demanda de servicios seguros y accesibles continúa creciendo.