El diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias manifestó su rechazo a las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que el Gobierno busca centralizar el control del acceso al agua, lo que perjudica directamente a la gente trabajadora del campo, uno de los sectores más vulnerables del país.
Señaló que, una vez aprobada la reforma, corresponde ahora a las y los legisladores gestionar presupuestos suficientes para que el Gobierno cumpla su responsabilidad y se implementen acciones reales que permitan eficientar el uso del recurso hídrico.
El legislador subrayó la importancia de impulsar la construcción de nuevas presas y obras de retención que permitan la recuperación de los mantos freáticos. Asimismo, destacó la urgente necesidad de modernizar el campo, hacer realidad las reubicaciones y destinar recursos para la rehabilitación de pozos que actualmente se encuentran obsoletos.
En cuanto a los ayuntamientos, Pelayo Covarrubias afirmó que es fundamental que cuenten con plantas potabilizadoras y con recursos suficientes para evitar que las aguas negras sigan brotando, una problemática que en las ciudades se ha convertido en un grave problema de salud pública.
También hizo un llamado para que los municipios fortalezcan sus organismos operadores de agua, ya que destacó que estos se encuentran "quebrados" y operan de manera ineficiente. En ese sentido, cuestionó que se responsabilice al sector agrícola de acaparar y hacer mal uso del recurso hídrico, cuando los sistemas operadores municipales enfrentan serias deficiencias, como el desperdicio de agua por fugas.
"Se culpa a los productores del campo de acabar con el agua, cuando de manera irresponsable no se cumple con la obligación de llevar el agua por tubería hasta la tarja de la cocina o la regadera del baño, y de la misma manera conducirla a una laguna de oxidación donde debería reutilizarse una y otra vez", expresó.
Finalmente, reiteró que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ni con la nueva Ley General de Aguas, al considerar que desde su origen atenta contra un derecho constitucional de todos los mexicanos y de los productores.
Agregó que será responsabilidad de las próximas legislaturas ponerse a trabajar para que se realicen efectivamente las transmisiones entre particulares y, de no lograrse, que exista la entereza de reconocer el error de aprobar estas leyes.