Tras capacitaciones, maestros solicitan protocolos de seguridad escolar

Maestros de Baja California Sur solicitan tres protocolos para atender la violencia escolar, proteger a docentes y establecer medidas ante emergencias por armas de fuego, mientras en el Congreso local impulsan reformas para fortalecer sus derechos.

La falta de protocolos para atender situaciones de violencia escolar y proteger al personal educativo mantiene en alerta a docentes de Baja California Sur. Tras la capacitación impartida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal del 14 al 16 de octubre sobre maltrato infantil, acoso escolar y violencia sexual, maestros señalaron que persisten dudas sobre cómo actuar ante estos casos y comenzaron a reunir firmas para solicitar tres protocolos de actuación.

La iniciativa es impulsada por docentes de la delegación sindical D-I-35, quienes buscan establecer procedimientos claros para atender denuncias contra trabajadores de la educación, proteger al personal ante hechos violentos y responder a emergencias relacionadas con armas de fuego en los centros escolares.

Karla Arce Madrigal, docente de la primaria Roberto García Tortoledo, señaló que los talleres no le proporcionaron la certeza que esperaba y que, durante las sesiones de trabajo entre compañeros, surgieron nuevas interrogantes sobre la aplicación de los procedimientos. "Te soy sincera, yo creo que lejos de brindarme seguridad, me sentí como un poquito más nerviosa, luego de los talleres, y justo en nuestro colectivo fue que nos surgieron bastantes dudas, incertidumbre", expresó.

De acuerdo con los testimonios recabados, una de las preocupaciones del magisterio es que las capacitaciones fueron impartidas entre los propios docentes, sin la orientación de una persona especialista en la materia. Esta situación, señalaron, dificultó resolver dudas sobre las medidas que deben tomar ante distintos escenarios de violencia.

Docentes buscan establecer tres protocolos de actuación

Como respuesta, los integrantes de la delegación sindical D-I-35 recaban firmas para presentar una solicitud formal ante las autoridades educativas. La propuesta contempla tres documentos: uno para la atención de denuncias y acusaciones contra el personal educativo; otro para establecer medidas de actuación y protección de los trabajadores ante situaciones de violencia, y un tercero para responder a situaciones de riesgo grave y emergencias por violencia armada en las escuelas.

Arce Madrigal explicó que el protocolo relacionado con armas de fuego busca establecer instrucciones precisas sobre cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. "Ya no podemos decir que son cosas que no han sucedido, porque sí se han estado presentando. Lo que queremos es que haya un manual también donde se especifique qué se debe hacer y qué no se debe hacer antes, durante y después", declaró.

Una vez concluida la recopilación de firmas, los docentes prevén entregar la petición a las autoridades educativas e iniciar las gestiones para que los protocolos sean elaborados e implementados.

La intención es contar con lineamientos que permitan al personal educativo identificar los procedimientos correspondientes ante una situación de riesgo, así como reducir la incertidumbre sobre las decisiones que deben tomarse para proteger a estudiantes y trabajadores.

Congreso de BCS plantea reformas para proteger a docentes

En paralelo, la diputada local Cristina Contreras impulsa una propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Educación de Baja California Sur para fortalecer la protección del personal educativo ante situaciones de violencia y establecer mecanismos de atención a las quejas.

La iniciativa contempla modificaciones a diversos artículos de la legislación, entre ellos los numerales 79, 81 Bis, 83 y 106. También plantea que la Secretaría de Educación Pública estatal reciba, registre y dé seguimiento a las quejas, oriente a las personas afectadas y canalice los casos a las autoridades competentes cuando corresponda.

Contreras señaló que la propuesta busca establecer procedimientos institucionales para revisar las acusaciones contra docentes y evitar que se tomen decisiones sin verificar previamente los hechos. "Cuando algún alumno o alguien hiciera un comentario negativo de algún maestro, hubiera un proceso para que, sin tener pruebas, sin verificar que sea cierto, no se haga todo un proceso en las instituciones; que lo lleven a cabo", expresó.

La discusión sobre los protocolos y las reformas legislativas ocurre en un contexto de preocupación por la violencia en los planteles educativos. Mientras el magisterio busca impulsar mecanismos específicos de actuación, la propuesta presentada en el Congreso local plantea fortalecer los procedimientos de recepción y seguimiento de quejas.