Tres poderes deben asumir responsabilidad ante la violencia en Baja California Sur
Seguridad

Tres poderes deben asumir responsabilidad ante la violencia en Baja California Sur


Los tres poderes del Estado deben asumir de manera conjunta su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y la seguridad de la población, señaló la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH), Charlene Ramos Hernández, al referirse a los escenarios de violencia que pueden provocar desplazamiento forzado.


La ombudsperson sostuvo que las instituciones deben trabajar desde sus respectivas facultades y atribuciones para proteger a la ciudadanía, pues advirtió que el Estado pierde su razón de existir cuando no garantiza los derechos humanos.

"Si el Estado no está garantizando derechos humanos, no tiene sentido de su existencia", expresó.


Los tres poderes deben asumir su responsabilidad

Ramos Hernández explicó que el desplazamiento forzado ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia para salvaguardar su integridad y bienestar, ante situaciones de violencia que las autoridades no logran controlar, como sucede en contextos de conflictos armados.


Aunque señaló que no tiene conocimiento de una situación de esa naturaleza en Baja California Sur, consideró importante mantener presente la responsabilidad de las instituciones para prevenir escenarios en los que la población tenga que escapar de sus comunidades.


En ese sentido, destacó que las estructuras del Estado deben actuar en conjunto y ejercer las facultades que les corresponden conforme a la ley.


La presidenta de la CEDH recordó que el uso de la fuerza pública es una atribución exclusiva del Estado, pero su aplicación debe ser legítima, proporcional y estar sujeta a los marcos normativos.


También advirtió que garantizar la seguridad no puede convertirse en una justificación para vulnerar otros derechos humanos.


"No como un tema de que, ay, pues hay que garantizar seguridad y entonces vamos a violar derechos humanos", puntualizó.


La funcionaria insistió en que la actuación de las autoridades debe mantener como prioridad la protección de las personas, mediante el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales y el respeto a los límites que establece la ley.


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