El representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, Arturo Rubio Ruiz, advirtió que la falta de criterios claros y homologados en torno a la legítima defensa genera incertidumbre y posibles injusticias para las víctimas que se ven obligadas a repeler una agresión.
Explicó que, aunque la ley establece los elementos para que proceda la legítima defensa ,que la agresión sea real, actual o inminente; que se ponga en riesgo la vida, integridad, libertad o patrimonio; que la reacción sea racional y proporcional, y que no exista provocación previa, en la práctica cada agente del Ministerio Público, juez o magistrado los interpreta de manera distinta.
Rubio aseguró que, al consultar a diferentes operadores del sistema de justicia, obtuvo respuestas contradictorias sobre qué debe considerarse proporcionalidad o racionalidad en un mismo hecho. "No puede ser que ante un caso similar existan quince interpretaciones distintas", señaló, al subrayar que la justicia no puede depender del criterio personal de quien resuelva.
Por ello, hizo un llamado a la Procuraduría de Justicia del Estado y al Poder Judicial a establecer criterios unificados y peritajes claros que den certeza a la ciudadanía y eviten que las víctimas de una agresión terminen siendo tratadas como culpables