Usan vehículos del Gobierno del Estado para colocar narcomantas en BCS

El procurador de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, reveló que al menos tres vehículos oficiales del Gobierno de Baja California Sur habrían sido utilizados para colocar narcomantas en diferentes puntos del estado. Las unidades en cuestión están registradas a nombre de la Secretaría de Finanzas y estaban asignadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con lo informado por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se trata de un vehículo Nissan Versa color gris, una camioneta Frontier blanca con logotipos del Gobierno estatal y una Van Urban. Las investigaciones apuntan a que estos automóviles fueron sustraídos y utilizados específicamente para la colocación de mensajes vinculados con el crimen organizado.

Uno de los implicados en estos hechos es Raúl "N", quien fungía como director de Recursos Materiales en la Comisión Estatal de Búsqueda. El funcionario se encuentra actualmente bajo investigación por su presunta participación o negligencia en el uso indebido de estas unidades. Aunque no ha sido detenido, su situación legal está siendo revisada como parte de las diligencias ministeriales.

El procurador confirmó que entre el 1 de abril y el 19 de julio de este año han sido localizadas 46 narcomantas en diversos municipios del estado. De ellas, 14 se ubicaron en La Paz, 10 en Comondú, 9 en Mulegé, 7 en Los Cabos y 6 en Loreto. Sin embargo, aclaró que hasta ahora solo dos de estos mensajes pueden ser vinculados directamente con los vehículos oficiales mencionados: una manta colocada el 9 de julio en el puente del aeropuerto de La Paz y otra el 14 de julio en el malecón de la misma ciudad.

Durante su intervención ante medios de comunicación, López Rodríguez explicó que la colocación de este tipo de mensajes podría configurar distintos delitos, entre ellos amenazas, discriminación, apología del delito y delincuencia organizada. Además, advirtió que el uso indebido de vehículos oficiales representa por sí mismo otro delito que será analizado por las autoridades correspondientes.

"El sustraer vehículos del Gobierno del Estado para utilizarlos con otro fin es un delito que también se puede tipificar", expresó el procurador, quien añadió que el análisis del contexto en el que aparecen las mantas es fundamental para determinar la intención y el tipo penal aplicable.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer si hubo complicidad interna o si los vehículos fueron utilizados sin consentimiento directo de los responsables administrativos. El caso sigue abierto y bajo revisión por parte de la PGJE.