Violencia escolar alerta a docentes de Baja California Sur; piden protocolos

La violencia escolar y las agresiones contra docentes y estudiantes generan preocupación entre el personal educativo de Baja California Sur. En La Paz, maestras y especialistas en prevención del acoso escolar pidieron fortalecer los protocolos de actuación, mejorar la capacitación y establecer redes de protección entre las familias y las escuelas, ante los riesgos que pueden presentarse dentro de los planteles.

La preocupación se produce en un contexto de agresiones registradas en centros educativos del país, entre ellas un ataque ocurrido el 1 de octubre en Torreón, Coahuila, donde, según la información difundida, dos exalumnos ingresaron a una secundaria y asesinaron a una subdirectora de 56 años, además de dejar a cuatro personas lesionadas.

Estos hechos han puesto en el centro de la discusión la seguridad de las comunidades escolares y la capacidad de las autoridades educativas para prevenir situaciones de violencia y responder ante emergencias.

Karla Arce Madrigal, maestra frente a grupo en la primaria Roberto García Tortoledo, en La Paz, señaló que la inseguridad también representa una preocupación para quienes trabajan en las aulas.

Consideró que los docentes necesitan medidas de protección, además de las dirigidas a garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes. "Estamos viviendo como una crisis, donde se está perdiendo el respeto y ahora los maestros también corremos peligro", expresó.

La docente añadió que la protección del personal educativo es necesaria para contribuir a la seguridad de los estudiantes. Por ello, consideró prioritario atender los riesgos que enfrentan los maestros durante el desempeño de sus funciones.

 SEP suspende clases para capacitar a docentes en prevención de violencia

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció la suspensión de clases de educación básica del 14 al 16 de octubre para reforzar la capacitación sobre los protocolos de prevención y actuación ante situaciones de maltrato infantil, acoso escolar y violencia sexual.

De acuerdo con la información proporcionada, en estas actividades participan cerca de 12 mil maestros del estado.

Aunque la formación docente busca fortalecer las herramientas para identificar y atender situaciones de riesgo, Arce Madrigal consideró que la capacitación debe realizarse de manera periódica y contemplar distintos escenarios de violencia, incluidos aquellos que requieren una respuesta inmediata. "Urge la gestión de protocolos de actuación ante situaciones de mayor gravedad para nosotros poder saber qué hacer, y también los mismos alumnos necesitan saber qué hacer", afirmó.

La maestra señaló que tanto docentes como estudiantes deben conocer las medidas que deben seguir ante una situación de peligro, así como las instancias a las que pueden acudir para solicitar ayuda.

Especialistas piden coordinación entre familias y escuelas

Por su parte, Catalina Othón, directora del proyecto Alto al Bullying, destacó la importancia de establecer mecanismos de colaboración entre las familias, las instituciones educativas y el personal especializado para prevenir conductas violentas y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

La especialista consideró que la prevención requiere una red de protección que permita identificar señales de riesgo y atender oportunamente los problemas que pueden afectar la convivencia escolar. "Hay que empezar a trabajar en estas alianzas estratégicas entre la familia y la escuela para poder hacer esta red de protección con los jóvenes", señaló.

Othón también planteó la preocupación que enfrentan los docentes ante la posibilidad de que la violencia observada por algunos estudiantes en otros entornos se manifieste dentro de los planteles.

Ante los riesgos de violencia escolar, docentes y especialistas insisten en que la capacitación debe acompañarse de protocolos accesibles y conocidos por maestros y estudiantes, así como de mecanismos de atención que permitan actuar de manera oportuna para proteger a quienes integran las comunidades escolares.