OBRAS INCONCLUSAS: EL DESPILFARRO NORMALIZADO

Hospitales abandonados, contratos incumplidos y presupuestos que vuelven a crecer: tres proyectos sanitarios acumulan retrasos y nuevas inversiones, mientras una revisión de la ASF detectó problemas técnicos en más del 70% de las obras analizadas. La falta de planeación, supervisión y consecuencias permite que los proyectos sobrevivan a los gobiernos, pero no necesariamente lleguen a funcionar.

El dinero se acaba. Las obras no terminan. Los servicios nunca llegan.

En Ecatepec, Estado de México, hay un hospital de más de 12.000 metros cuadrados que debía atender a pacientes con cáncer, pero que lleva más de una década sin recibir a uno solo. La construcción está deteriorada, la reja vandalizada y la infraestructura permanece sin prestar el servicio para el que fue concebida.

La primera piedra se colocó en 2013. El entonces gobernador Eruviel Ávila prometió que sería el primer hospital oncológico del Valle de México y que estaría listo en 2016. La inversión inicialmente anunciada fue de 460 millones de pesos. Sin embargo, entre 2014 y 2018 se celebraron contratos por 689 millones, casi un 50% más de lo previsto originalmente.

Las empresas Alvagra Construcciones y Montenez participaron en los trabajos. Ambas incumplieron sus contratos y la obra quedó abandonada.

El resultado es una infraestructura que nunca cumplió su propósito, una inversión pública que no se tradujo en servicios médicos y una población que continúa dependiendo de hospitales ubicados en otros municipios o entidades para recibir atención especializada.

El caso resume una de las fallas más costosas de la obra pública mexicana: los gobiernos anuncian, presupuestan e inauguran proyectos, pero no siempre garantizan que puedan terminarse, equiparse y funcionar.

Ecatepec: 689 millones de pesos y un hospital que sigue sin atender

La construcción atravesó tres administraciones estatales: la de Eruviel Ávila, la de Alfredo del Mazo y la de Delfina Gómez. Trece años después de la colocación de la primera piedra, el hospital seguía sin atender pacientes.

El proyecto estaba destinado a beneficiar a 4,1 millones de habitantes. Su abandono representa algo más que un problema de infraestructura: significa que una población potencialmente beneficiaria continúa sin contar con el servicio especializado que se le prometió.

La inconformidad también se refleja entre los habitantes.

"Se me hace muy mala onda porque no da los servicios que uno ocupa y para la gente que no tiene solvencia económica pues es muy difícil pagar uno privado", dice Ingrid Aguirre López, habitante del Estado de México.

Eduardo Rodríguez, también habitante de la entidad, cuestiona el destino de los recursos: "Yo más bien diría que, más que dinero tirado a la basura, es dinero que quedó en los bolsillos de algunos políticos".

En el material documental de esta investigación no aparece evidencia pública de sanciones penales contra las empresas que incumplieron los contratos. Esto no permite afirmar que nunca hayan existido procedimientos de otra naturaleza, pero sí deja una pregunta sobre las consecuencias efectivas del incumplimiento.

Ahora el Gobierno del Estado de México transfirió el inmueble a la Federación para que el IMSS-Bienestar intervenga en su recuperación. El nuevo proyecto contempla 1.348 millones de pesos adicionales y prevé ponerlo en funcionamiento en 2027.

Zoé Robledo, director del IMSS, confirmó la intervención y explicó que el hospital incluirá dos aceleradores lineales y atención especializada en cáncer y otras enfermedades pediátricas.

Pero el rescate también expone el costo de la falta de continuidad: después de una inversión inicial de 460 millones y contratos por 689 millones, el Estado tendrá que comprometer otros 1.348 millones para intentar poner en servicio una infraestructura que debió funcionar hace una década.

Además, durante el recorrido documentado para esta investigación, las obras de recuperación todavía no mostraban avances visibles. La fecha de 2027 permanece, por tanto, como una previsión y no como un servicio garantizado.

Pachuca: un hospital inaugurado que nunca abrió

El problema no termina en Ecatepec. En Hidalgo, el Hospital General de Pachuca fue inaugurado el 2 de septiembre de 2022, durante el gobierno de Omar Fayad, quien lo presentó como uno de los legados de su administración.

La inversión reportada fue de 1.617 millones de pesos. El exgobernador también sostuvo que el proyecto arquitectónico, elaborado por la Secretaría de Salud estatal, permitió ahorrar 50 millones.

Sin embargo, el hospital no entró en funcionamiento.

Las instalaciones presentaban fallas de construcción, filtraciones y carencias de infraestructura básica. La inauguración política no se tradujo en la apertura de un servicio hospitalario.

En 2026, la Contraloría reportó deficiencias en los sistemas de agua, electricidad y drenaje; elevadores fuera de funcionamiento y un piso todavía en obra negra. Además, informó de 19 contratos bajo investigación.

Dos empresas fueron inhabilitadas y otras 15 enfrentaban procedimientos administrativos.

La distancia entre el discurso y la realidad quedó expuesta desde el acto inaugural. Fayad agradeció a los hidalguenses por la oportunidad de servirles y, durante la ceremonia, se escuchó incluso la expresión: "Compromiso cumplido por parte de nuestro gobernador".

El hospital, sin embargo, seguía sin cumplir su función.

Ticul: el costo de licitar sin tener un proyecto completo

En Yucatán, el Hospital de Ticul muestra otra dimensión del problema: una obra que no solo acumula retrasos, sino que arrastra consecuencias contractuales y nuevas inversiones.

El proyecto comenzó en 2011 bajo un esquema de asociación público-privada, con una inversión anunciada de 1.173 millones de pesos.

La empresa vinculada a Grupo Marhnos incumplió los plazos. En 2015, el Gobierno rescindió el contrato cuando la construcción apenas registraba un avance del 39%.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la licitación se realizó sin contar con un proyecto ejecutivo completo. Es decir, se inició el procedimiento para construir un hospital sin tener plenamente desarrollados los elementos técnicos necesarios para ejecutar la obra.

Después de siete años de abandono, la empresa demandó al Gobierno y obtuvo una resolución por 740 millones de pesos. En 2020 ambas partes acordaron evitar ese pago y, en 2021, el terreno y la estructura pasaron al IMSS.

El rescate comenzó en 2022 y debía concluir en 2024. Sin embargo, en 2025 se rescindieron los nuevos contratos.

En enero de 2026 se anunció que el Ejército terminaría la construcción. La entrega prevista para junio tampoco se cumplió.

La nueva fecha es enero de 2027, con 1.200 millones de pesos adicionales.

Zoé Robledo sostuvo que el IMSS había entrado a rescatar una obra que originalmente no fue construida por el Seguro Social y aseguró que estaba próxima a su apertura. La sucesión de fechas incumplidas, no obstante, muestra que el anuncio de una nueva intervención no equivale a la conclusión del proyecto.

Los tres hospitales exhiben distintas fallas, pero comparten un resultado: recursos públicos comprometidos durante años sin que la infraestructura se traduzca oportunamente en atención médica.

2.007 proyectos y 30,8 billones de pesos: las dimensiones de un problema sin registro completo

Los tres hospitales no son episodios aislados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró deficiencias técnicas recurrentes en una muestra de grandes proyectos de infraestructura pública.

En su análisis revisó 92 proyectos de más de 100 millones de pesos, contratados entre 2011 y 2016, que habían registrado modificaciones de al menos un 30% en sus presupuestos o plazos.

El resultado fue revelador: 65 proyectos, más del 70%, presentaron problemas técnicos.

La principal causa identificada fue comenzar construcciones sin contar con proyectos ejecutivos suficientemente desarrollados. También se detectaron deficiencias de planeación, programación, presupuestación y supervisión.

El dato apunta a una falla que precede a la colocación de la primera piedra. No se trata únicamente de empresas que incumplen o de gobiernos que dejan obras a medias. En numerosos casos, el problema comienza antes de construir: cuando se comprometen recursos sin tener resueltos los aspectos técnicos que determinan si una obra es viable.

A esa debilidad se suma otra: México carece de un registro público único que permita conocer, de manera integral, qué obras federales, estatales y municipales fueron concluidas, cuáles están suspendidas y cuáles permanecen abandonadas.

La plataforma Obra Pública Abierta, de la Secretaría de Hacienda, permite consultar proyectos, dependencias, presupuestos y avances de infraestructura federal, pero no ofrece una fotografía completa de toda la obra pública del país.

Una revisión de sus registros, correspondiente al periodo de 2001 a 2026, identificó 2.007 proyectos por un monto conjunto de 30,8 billones de pesos. De ellos, 230 no reportan avances, equivalentes al 11,47% del total, con una inversión conjunta de 101.018 millones de pesos.

La precisión es importante: que un proyecto no reporte avances no significa necesariamente que esté inconcluso o abandonado. Significa que su situación no puede conocerse a partir de la información disponible en esa plataforma.

Además, otros 69 proyectos aparecen en modificación y uno como suspendido, con una inversión conjunta cercana a 409.000 millones de pesos.

La ausencia de información consolidada impide dimensionar con exactitud cuántas construcciones permanecen sin funcionar, cuánto dinero adicional necesitarían para concluirse y quién debe responder por los recursos comprometidos.

Tabasco y Veracruz: obras que sobreviven al abandono, no a sus gobiernos

La infraestructura sanitaria y social también acumula historias de proyectos que dejaron de prestar servicios o nunca llegaron a hacerlo.

En Villahermosa, Tabasco, Roberto Madrazo inauguró en 1999 la Unidad Especial de Terapia y Estimulación (UNETE), construida con una inversión reportada de 25 millones de pesos.

El inmueble estaba destinado a atender a niñas y niños con discapacidad. Sin embargo, el patronato responsable dejó de operar por problemas financieros y, desde 2014, el edificio permanece abandonado y vandalizado.

En Veracruz, el hospital de Zontecomatlán lleva 18 años sin concluirse. La construcción comenzó en 2008, durante el gobierno de Fidel Herrera, y fue suspendida antes de alcanzar el 50% de avance.

Se reportó una inversión de 89,2 millones de pesos. Las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes no consiguieron rescatarlo. Actualmente, durante el gobierno de Rocío Nahle, permanece en obra negra, sin equipamiento y sin haber atendido a un solo paciente.

La constante es la misma: los cambios de administración no garantizan la continuidad de los proyectos, pero tampoco aseguran que los gobiernos entrantes revisen, concluyan o deslinden responsabilidades por lo que recibieron.

La planeación subordinada a los tiempos políticos

Para los especialistas Juan Kaye López, maestro en Arquitectura por la UNAM con especialidad en urbanismo, y Roberto Remes, urbanólogo, el problema tiene raíces estructurales: México no cuenta con una política de infraestructura de largo plazo suficientemente sólida para evitar que las decisiones sexenales desplacen los criterios técnicos.

Kaye advierte que los planes de desarrollo y los programas de acción terminan convertidos en una acumulación de proyectos que no siempre responden a necesidades reales de infraestructura.

Remes describe una tensión recurrente entre la planeación y la urgencia política: cuando un funcionario presiona para comenzar una obra, los equipos técnicos pueden quedar obligados a iniciar trabajos antes de concluir los estudios y resolver los detalles que permitirían ejecutarlos correctamente.

La consecuencia es una cadena de problemas: proyectos incompletos, presupuestos que cambian, plazos que se extienden y construcciones que terminan dependiendo de nuevas administraciones para intentar ser rescatadas.

El urbanólogo advierte que una obra no puede evaluarse por el acto de inauguración, sino por su funcionamiento, conectividad y beneficio social.

La discusión también alcanza proyectos de gran escala. Remes cuestiona que el Tren Maya pueda considerarse una obra plenamente terminada si, como sostiene, todavía carece de sistemas automáticos de protección y mantiene una operación manual.

En el guion, el especialista señala que los tiempos políticos suelen imponerse a los técnicos, aunque los estudios, proyectos y permisos sean precisamente los instrumentos que pueden prevenir errores y sobrecostos.

La impunidad como incentivo para repetir los errores

La falta de consecuencias es otro elemento que, según Remes, contribuye a que los problemas se reproduzcan.

El especialista pone como ejemplo las escaleras eléctricas construidas en zonas altas de Álvaro Obregón durante la gestión de Layda Sansores como alcaldesa de esa demarcación. La inversión fue de alrededor de 80 millones de pesos y su utilidad ha sido cuestionada; actualmente, señala el guion, permanecen abandonadas y sin funcionar.

También cuestiona el Tren Ligero de Campeche, construido durante el gobierno de Sansores, con un costo reportado de 4.200 millones de pesos para un recorrido de 15 kilómetros.

Remes considera cuestionables su costo, conectividad y rutas, y afirma que el sistema transporta menos de mil usuarios al día en conjunto.

Su argumento es que la ausencia de sanciones por proyectos mal ejecutados permite que los responsables continúen ocupando cargos públicos y tomando decisiones sobre nuevas inversiones.

Se trata de una crítica que debe distinguirse de una determinación legal: las opiniones del especialista no acreditan por sí mismas responsabilidades administrativas o penales de los funcionarios mencionados. Pero sí plantean una cuestión central para el control del gasto: ¿qué consecuencias enfrenta quien compromete recursos públicos en una infraestructura que no cumple su propósito?

Un problema que atraviesa partidos y sexenios

El desperdicio de recursos en infraestructura no corresponde a una sola administración ni a una fuerza política.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Refinería Bicentenario terminó reducida a una barda. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se canceló el proyecto del tren México-Querétaro y el Tren Interurbano México-Toluca acumuló retrasos hasta completar su operación en 2026.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se inauguró el Tren Maya, cuya conclusión y condiciones de operación también son cuestionadas por los especialistas consultados.

Los ejemplos tienen características y alcances distintos, por lo que no deben equipararse automáticamente. Sin embargo, permiten observar una continuidad: los grandes proyectos pueden convertirse en compromisos políticos antes de que estén garantizadas su viabilidad, ejecución y operación.

La infraestructura pública termina así atrapada entre administraciones que anuncian obras, gobiernos que las reciben inconclusas y autoridades que vuelven a presupuestar recursos para intentar terminarlas.

¿Quién supervisa y quién responde?

La responsabilidad no se agota en las empresas constructoras. También involucra a las dependencias que diseñan, licitan, contratan, supervisan y reciben las obras, así como a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y sancionar las irregularidades que se acrediten.

La ASF ha documentado problemas técnicos en proyectos de infraestructura. En Hidalgo, la Contraloría reportó investigaciones sobre contratos y procedimientos administrativos. En Yucatán, la auditoría identificó deficiencias en la preparación del proyecto ejecutivo del hospital de Ticul.

Pero el material de esta investigación no consigna una respuesta institucional integral sobre el número de obras abandonadas en el país, el monto total de recursos comprometidos en ellas ni las sanciones definitivas contra todos los funcionarios y contratistas involucrados.

Tampoco permite establecer que todos los proyectos mencionados hayan derivado en delitos o desvíos de recursos. El incumplimiento contractual, la mala planeación y el abandono son problemas graves, pero la responsabilidad penal requiere investigaciones y resoluciones que los acrediten.

Esa distinción no reduce la dimensión del problema. Al contrario: evidencia la necesidad de información pública que permita seguir el dinero desde la contratación hasta la entrega y operación efectiva de cada infraestructura.

La propuesta: una institución que planee más allá de seis años

Juan Kaye plantea crear una instancia nacional de planeación de infraestructura con autonomía de visión frente a los ciclos políticos, capaz de evaluar necesidades, viabilidad y uso de recursos a mediano y largo plazo.

Su propuesta toma como referencia al INEGI: una institución que mantenga continuidad en la generación de información y permita diseñar planes que sobrevivan a los cambios de gobierno.

La idea apunta a una carencia fundamental. México necesita que las decisiones de infraestructura partan de diagnósticos, estudios técnicos, presupuestos realistas y necesidades comprobables, no de la urgencia de anunciar proyectos dentro de un sexenio.

Porque construir no significa necesariamente resolver un problema. Un hospital sin equipamiento no atiende pacientes; una vía sin conectividad no garantiza movilidad y una infraestructura que nunca entra en operación no produce el beneficio social que justificó su presupuesto.

El costo real de una obra inconclusa

Una construcción abandonada puede permanecer durante años como una estructura de concreto, pero su costo no termina cuando se suspende el último trabajo.

En Ecatepec significa millones de personas sin el hospital oncológico prometido. En Pachuca, una inversión de 1.617 millones de pesos en un inmueble que no pudo entrar en funcionamiento. En Ticul, nuevos contratos, litigios y otros 1.200 millones para intentar terminar una construcción iniciada en 2011.

El problema tampoco se limita al dinero que ya se gastó. Cada retraso obliga a destinar nuevos recursos, posterga servicios indispensables y traslada a los ciudadanos las consecuencias de decisiones tomadas por gobiernos anteriores.

La obra pública debería medirse por lo que resuelve, no por lo que promete. Sin planeación de largo plazo, transparencia sobre los contratos y sanciones efectivas cuando se acrediten incumplimientos, México seguirá acumulando construcciones que sobreviven a los sexenios, presupuestos que vuelven a crecer y necesidades sociales que permanecen intactas.

Porque el verdadero fracaso de una obra pública no es que se quede a medias: es que el Estado haya gastado millones para resolver una necesidad y, después de años, esa necesidad siga exactamente donde estaba.