Organizaciones solicitan cancelar el proyecto Fermachem en Durango por riesgos ambientales

Un total de 57 colectivos, organizaciones y especialistas solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cancelar definitivamente el proyecto de la planta de amoniaco y urea Fermachem, prevista en el ejido Sapioriz, municipio de Lerdo, Durango. Entre sus principales argumentos señalan la falta de disponibilidad de agua, los riesgos por el almacenamiento de grandes cantidades de amoniaco y las posibles afectaciones al río Nazas y al Área de Protección de Recursos Naturales Cañón de Fernández.

En rueda de prensa Natalia Sánchez y Violeta Rodríguez de Laguna Sin Amoniaco, así como Ofelia Elizalde, habitante de Sapioriz, Durango, dieron a conocer  que el 21 de octubre de 2026, representantes de los grupos inconformes  entregaron en las oficinas de la SEMARNAT, en la Ciudad de México, un paquete de 180 mil firmas ciudadanas certificadas y 3 mil firmas físicas para respaldar su exigencia de frenar la instalación de la planta industrial.

Junto con las firmas presentaron un documento técnico elaborado por especialistas en biología, ecología y legislación ambiental, en el que analizaron distintos apartados de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa, correspondiente al expediente 10DU201910025.

De acuerdo con las organizaciones, el análisis identifica inconsistencias en la disponibilidad de agua, omisiones en la evaluación de riesgos químicos y posibles impactos ambientales que, aseguran, no han sido suficientemente considerados en el procedimiento de autorización.

Los colectivos sostienen que la instalación de Fermachem resulta incompatible con las condiciones ambientales de la Comarca Lagunera, una región que enfrenta problemas de sobreexplotación de acuíferos, escasez de agua y presencia de arsénico en fuentes de abastecimiento.

Planta Fermachem proyecta almacenar 30 mil toneladas de amoniaco cerca del Cañón de Fernández

El proyecto contempla la construcción de una planta química para producir anualmente un millón de toneladas de urea y 200 mil toneladas de amoniaco. También considera el almacenamiento permanente de hasta 30 mil toneladas de amoniaco, distribuidas en dos tanques con capacidad de 15 mil toneladas cada uno.

Uno de los aspectos señalados por las organizaciones es la cercanía de las instalaciones con el Cañón de Fernández, ubicado aproximadamente a 4.2 kilómetros del sitio proyectado. Esta área cuenta con protección federal y reconocimiento internacional como Sitio Ramsar número 1747, por la importancia de sus ecosistemas y humedales.

Para operar, la planta también requeriría infraestructura complementaria, entre ella un gasoducto de aproximadamente 8.8 kilómetros, una tubería de entre 25 y 30 kilómetros para transportar agua tratada desde Lerdo, además de caminos, vías ferroviarias y almacenes.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el consumo hídrico. Según la información presentada por los colectivos, la planta necesitaría cerca de 13 millones de litros de agua al día, volumen que consideran incompatible con la disponibilidad actual de la región.

Aunque la empresa identifica como fuente de abastecimiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Lerdo, los especialistas señalan que la versión pública de la MIA no permite identificar al proveedor, debido a que su nombre aparece testado. También advierten que no encontraron constancia pública del contrato de suministro ni de los permisos correspondientes para la construcción de la tubería.

Otro punto de preocupación es la situación del acuífero Villa Juárez, que se encuentra sujeto a veda. Según el análisis ciudadano, la propia MIA contempla la posibilidad de perforar pozos en un periodo de cinco a diez años, pese a reconocer un déficit superior a los 182 millones de metros cúbicos anuales.

Las organizaciones consideran que existe una contradicción en el expediente, debido a que en otro apartado la empresa califica al acuífero como sobrexplotado.

También advierten que el río Nazas se encuentra sujeto a restricciones para nuevas concesiones de agua superficial de uso industrial, por lo que solicitan a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronunciarse formalmente sobre la disponibilidad y legalidad del suministro requerido.

Riesgos por amoniaco y posibles afectaciones al río Nazas

Otro de los argumentos centrales contra Fermachem es el riesgo asociado con el almacenamiento, manejo y transporte de amoniaco. Los colectivos señalan que la legislación mexicana clasifica el manejo de esta sustancia como una actividad altamente riesgosa, debido a sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Según el documento técnico, el estudio de riesgo presentado por la empresa contempla únicamente dos escenarios de posibles fugas en tuberías dentro del predio industrial. Sin embargo, los especialistas cuestionan que no se hayan evaluado suficientemente otros escenarios, como accidentes durante la carga de pipas, el transporte por la carretera federal 40 y el traslado ferroviario.

La preocupación también incluye las emisiones cotidianas de la planta y las condiciones meteorológicas de La Laguna, donde se presentan episodios de inversión térmica que pueden favorecer la concentración de contaminantes cerca del suelo.

El amoniaco puede provocar irritación severa, quemaduras químicas y lesiones en ojos y vías respiratorias. En exposiciones elevadas puede ocasionar inflamación pulmonar, insuficiencia respiratoria y consecuencias permanentes para la salud.

Los colectivos advierten que una fuga de grandes dimensiones podría generar una nube tóxica y afectar a las comunidades cercanas. También plantean la necesidad de evaluar escenarios de ruptura de tanques, accidentes simultáneos y posibles efectos de las lluvias sobre la dispersión de contaminantes.

En particular, señalan que el agua utilizada para atender una emergencia podría generar escorrentías contaminadas, con posibles rutas de llegada al río Nazas o de infiltración hacia los acuíferos.

La preocupación trasciende el entorno inmediato de la planta. El programa Agua Saludable para La Laguna utiliza agua proveniente del río Nazas para abastecer a municipios como Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Por ello, las organizaciones consideran que cualquier afectación a este cauce podría comprometer la seguridad hídrica de una población mucho más amplia.

Además, mencionan la sentencia 543, que atribuyen a un mandato judicial relacionado con la recuperación del acuífero, y sostienen que autorizar nuevas actividades industriales con alta demanda de agua podría contravenir los objetivos de protección hídrica de la región.

PROFEPA turna denuncia contra Fermachem para investigación

A los cuestionamientos técnicos se suma una actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El 3 de noviembre de 2026, la dependencia emitió un Acuerdo de Acumulación dentro del expediente PFPA/5.3/35.6/00298-2026, relacionado con la denuncia presentada por el Colectivo Ciudadano La Laguna Sin Amoniaco contra el proyecto industrial.

Mediante este acuerdo, la PROFEPA determinó remitir la información a la Subprocuraduría de Recursos Naturales para que realice las acciones de prospección, investigación y, en su caso, inspección correspondientes. El procedimiento también contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad si se identifican riesgos inminentes de daño ambiental.

Las organizaciones consideran que esta actuación hace necesario que la SEMARNAT valore tanto los señalamientos ciudadanos como las observaciones técnicas antes de emitir una resolución sobre la viabilidad ambiental del proyecto.

Asimismo, cuestionan que las comunidades y los habitantes de la zona no hayan contado con suficientes espacios de participación informada sobre una obra que podría modificar las condiciones ambientales y de disponibilidad de agua de su territorio.

Organizaciones exigen estudios de riesgo y participación ciudadana

Entre sus solicitudes, los colectivos piden a la SEMARNAT que no permita el avance de Fermachem mientras no se esclarezcan las inconsistencias identificadas en la Manifestación de Impacto Ambiental y se demuestre que los riesgos pueden prevenirse y mitigarse de manera efectiva.

A la CONAGUA le solicitan hacer valer las vedas del río Nazas y del acuífero Villa Juárez, además de negar cualquier concesión directa o indirecta que comprometa la disponibilidad de agua.

También piden la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), las autoridades ferroviarias y de carreteras, así como de otras instancias competentes.

En cuanto a la empresa Fermachem, exigen que haga públicos estudios adicionales que incluyan la modelación de una ruptura catastrófica de cualquiera de los tanques, la posibilidad de un accidente que involucre ambas instalaciones y simulaciones de dispersión atmosférica bajo diferentes condiciones meteorológicas.

También solicitan estudios sobre escorrentías, infiltración y posibles rutas de contaminación hacia el río Nazas y los acuíferos, además de información verificable sobre los sistemas de contención, los protocolos de emergencia y los planes de alerta y evacuación para las comunidades potencialmente expuestas.

Los colectivos sostienen que la discusión sobre Fermachem involucra el cumplimiento del artículo 4.º constitucional, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como los mecanismos de acceso a la información y participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, reiteraron su rechazo a la instalación de la planta y señalaron que la protección del agua y de los ecosistemas de la Comarca Lagunera debe formar parte de los criterios centrales de cualquier decisión sobre nuevos proyectos industriales en la región.

"El agua de La Laguna no se negocia. El Río Nazas es el padre de toda la Comarca Lagunera y no está en venta, ponerlo en riesgo sería catastrófico para toda la región", expresaron los representantes de las organizaciones.