El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó analizar si el presidente Donald Trump actuó dentro de la ley al imponer una serie de aranceles considerados los más altos de los últimos años. La audiencia se llevará a cabo a inicios de noviembre, luego de que el Gobierno republicano solicitara que el caso fuera tratado con urgencia
La polémica comenzó cuando pequeñas empresas y doce estados gobernados por demócratas presentaron demandas en tribunales inferiores.
Argumentaron que Trump abusó de sus facultades al usar una ley de emergencia para aplicar los llamados "aranceles recíprocos".
En agosto, una corte federal de apelaciones coincidió con esta postura y determinó que el presidente no tenía autoridad para imponerlos. Sin embargo, esa decisión no detuvo de inmediato los gravámenes, a la espera de que el Supremo se pronunciara.
Alcance de las medidas
Entre las disposiciones más polémicas se encuentran los aranceles de hasta 34 % sobre productos chinos, un gravamen base del 10% y un cargo adicional del 25% aplicado a bienes de Canadá, China y México.
La justificación del Gobierno fue que estos países no hicieron lo suficiente para frenar la entrada de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Impacto económico en juego
La Casa Blanca calculaba que lo recaudado en aduanas serviría como apoyo financiero a su proyecto de reforma fiscal, aprobado en julio, que contempla recortes masivos de impuestos.
Si el Supremo falla en contra, gran parte de los aranceles quedarían sin efecto y Estados Unidos tendría que devolver a los países afectados decenas de miles de millones de dólares cada mes. Tal escenario pondría presión sobre la estabilidad del presupuesto federal.
En contraste, un fallo favorable reforzaría la autoridad presidencial en materia comercial y abriría la puerta a que futuros gobiernos recurran a la misma ley de emergencia para negociar con mayor dureza frente a socios estratégicos.
Más allá de la disputa legal, el veredicto del Supremo será seguido de cerca en el ámbito internacional. La resolución podría redefinir el margen de acción del Ejecutivo estadounidense en política comercial y, al mismo tiempo, modificar el clima de las relaciones con socios clave como China, México y Canadá.