Abusos sexuales contra menores: seis casos que sacudieron a la Iglesia GTO

Condenas de hasta 117 años de prisión, denuncias por múltiples agresiones y procesos sin sentencia: seis casos documentados exhiben la gravedad de los señalamientos contra religiosos en Guanajuato y las respuestas de las autoridades eclesiásticas.

León, 2005-2006. José Luis de María y Campos López fue denunciado por abusar de tres monaguillos. En 2006 recibió una sentencia de seis años de prisión y obtuvo libertad anticipada en 2009.

Irapuato, 2016-2022. Jorge Raúl Villegas Chávez, exvocero de la Arquidiócesis de León, fue denunciado por delitos sexuales contra menores. En 2019 recibió una condena de 90 años y siete meses; tras la reposición del procedimiento, en 2022 fue sentenciado nuevamente a 117 años de prisión.

Irapuato, 2019-2021. Luis Esteban Zavala Rodríguez fue declarado culpable de violación espuria y corrupción de menores contra una niña de 12 años. En enero de 2021 se informó de una condena de 65 años y tres meses de cárcel.

Irapuato, 2020. Rubén Herrera Luna fue detenido en Michoacán tras ser señalado por presuntos delitos sexuales contra una menor. No se ha confirmado públicamente una sentencia condenatoria ni el desenlace definitivo de su proceso.

Salamanca, 2019-2020. Pedro Gutiérrez Farías, fundador de la Ciudad de los Niños, enfrentó denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato en albergues para menores. Murió en 2020 sin haber sido procesado penalmente por esos señalamientos.

San José de Iturbide, 2010-2025. El caso del padre Tino, Constantino "N", se refiere a presuntas agresiones contra un menor que era monaguillo. Reportes periodísticos indican que fue expulsado del estado clerical en 2017; en noviembre de 2025 fue vinculado a proceso por presuntos delitos sexuales. El proceso penal continúa sin sentencia condenatoria.

¿Qué ha dicho la Iglesia católica?

La respuesta eclesiástica no ha sido uniforme. La Arquidiócesis de León cuenta con una Comisión Diocesana para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, que establece que los posibles casos de violencia deben comunicarse tanto a las autoridades eclesiásticas como al Ministerio Público. 

Sin embargo, ningúno de los casos ha documentado que los padres hayan sido expulsados del estado clerical, ha excepción del padre tino, done la Diócesis de Celaya afirmo su expulsión.