En Guanajuato, el agua que llega a los hogares no siempre es sinónimo de vida. Estudios recientes han revelado que gran parte del líquido extraído de pozos con profundidades de hasta 50 metros contiene metales pesados que la hacen no apta para el consumo humano. Esto revela que miles de guanajuatenses el agua que beben cada día podría estar afectando silenciosamente su salud.
Entre los contaminantes más frecuentes detectados en los mantos acuíferos se encuentran arsénico, flúor, manganeso, hierro y cianuro, elementos que, en concentraciones elevadas, pueden provocar daños neurológicos, renales y óseos, además de aumentar el riesgo de cáncer.
En San Diego de la Unión el 94 por ciento de los habitantes reciben agua entubada de pozos como el "Tampiquito" tiene el agua seis veces más arsénico a lo permitido de fluoruro ha registrado niveles de 12.4 miligramos por litro cuando lo máximo debe ser de 1.5.
En San Miguel de Allende el 50 por ciento del os pozos presentan toxicidad por metales pesados,
Dolores Hidalgo también el agua de pozos es afectada por arsénico fluoruro
En la cuenca Rio Laja hay 117 pozos con 81 con agua contaminada y que por lo tanto no es apta para el consumo humano.
Municipios como Silao, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y Romita ya registran casos de enfermedades relacionadas con el consumo prolongado de agua contaminada. Habitantes de estas zonas reportan padecimientos cutáneos, problemas gastrointestinales y malformaciones en niños, según testimonios de médicos locales y activistas ambientales.
A pesar de los múltiples señalamientos, las autoridades estatales y municipales han actuado con lentitud. Los programas de potabilización y monitoreo resultan insuficientes frente al deterioro acelerado de los acuíferos y la sobreexplotación que obliga a perforar cada vez más profundo, donde la concentración de metales es mayor.
Expertos en recursos hídricos advierten que la crisis del agua en Guanajuato no solo es de escasez, sino de calidad. La falta de inversión en infraestructura, la contaminación industrial y la deficiente regulación ambiental han convertido al vital líquido en un riesgo sanitario.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan bebiendo agua que no cumple con los estándares de potabilidad. El llamado es urgente: proteger la salud pública implica atender el agua desde su origen, antes de que la contaminación se convierta en un daño irreversible para las futuras generaciones.