El defensor comunitario de derechos humanos Humberto García Cruz fue asesinado a balazos el lunes 21 de septiembre de 2026, en el paraje Pie de la Peña, perteneciente a la comunidad de Morelos, en Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), la agresión ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando García Cruz se encontraba junto con su esposa en una camioneta, después de trabajar en su parcela.
Mientras ambos guardaban sus pertenencias, fueron sorprendidos por múltiples detonaciones de arma de fuego. El defensor murió en el sitio, mientras que su esposa logró sobrevivir luego de arrojarse al suelo para protegerse de los disparos.

Foto: Cuartoscuro
Reconocen trayectoria como defensor de derechos
Humberto García Cruz era reconocido en la región de la Mixteca por brindar acompañamiento y asesoría jurídica a habitantes que denunciaban presuntas violaciones a sus derechos humanos ante diferentes instituciones.
Su participación comunitaria también incluyó procesos de formación para defensores. En 2022, formó parte de la capacitación denominada "Tejiendo Brechas", orientada al fortalecimiento de personas involucradas en la defensa comunitaria.
Además de desempeñarse como mecánico, participaba en el programa federal Sembrando Vida, mediante actividades encaminadas a fortalecer la producción agrícola y contribuir a la economía de su comunidad.
Organizaciones exigen esclarecer el homicidio
Tras el asesinato, el Cedhapi y colectivos locales solicitaron a las autoridades estatales una investigación que permita esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron en el crimen.

Entre sus principales demandas se encuentra que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca identifique y detenga a los responsables materiales e intelectuales, conforme avance la investigación y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
También pidieron medidas cautelares y acciones de seguridad para proteger a la familia de la víctima, ante las condiciones generadas después del homicidio.
Las organizaciones demandaron además que el Gobierno de Oaxaca garantice el derecho a la vida y a ejercer actividades comunitarias sin violencia para quienes realizan labores de defensa de derechos y territorio en la entidad.