La diputada Maribel Aguilar presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Guanajuato y tipificar como delitos la esterilización y anticoncepción forzadas, con el objetivo de proteger los derechos reproductivos y garantizar que las personas puedan decidir libremente sobre su cuerpo y maternidad.
La propuesta contempla penas de cuatro a siete años de prisión para quien realice procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier tipo sin el consentimiento de la persona, la sanción podría aumentar hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, exista violencia o el responsable tenga una relación familiar, laboral, docente o de confianza con ella.
La legisladora señaló que estas prácticas vulneran la dignidad y autonomía de las mujeres y como antecedente, citó la ENDIREH 2021, que reportó que, en Guanajuato el 30.4% de las mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último parto ocurrió entre 2016 y 2021 sufrió algún incidente de maltrato obstétrico, mientras que el 21.7% recibió tratamientos médicos no autorizados.

Esterilización forzada: una violación a los derechos humanos
La esterilización forzada es una práctica que consiste en someter a una persona a un procedimiento médico que impide su capacidad de reproducción sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. Esta situación puede ocurrir mediante presiones, amenazas, engaños o aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, lo que representa una grave violación a los derechos humanos, la autonomía corporal y los derechos sexuales y reproductivos.
Esta práctica ha afectado principalmente a mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidas personas con discapacidad, comunidades indígenas y mujeres en contextos de pobreza. En algunos casos, los procedimientos se realizan sin explicar adecuadamente sus consecuencias o sin brindar la oportunidad de decidir, vulnerando el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Es importante visibilizar y prevenir la esterilización forzada, garantizar que cualquier procedimiento anticonceptivo sea voluntario y cuente con información clara, así como fortalecer los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia para las víctimas. La decisión de tener hijos o no tenerlos debe ser personal y nunca puede imponerse mediante la violencia, la discriminación o el abuso de autoridad.