Causa en Común exhibe deficiencias en policías, fiscalía y sistema penitenciario

Elementos policiales que reprueban los controles de confianza continúan trabajando en Guanajuato, mientras persisten deficiencias en la profesionalización, falta de transparencia sobre el número de agentes y escasez de personal pericial para atender la crisis de identificación forense.

Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común, advirtió que estas irregularidades reflejan debilidades estructurales en las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia, que no han logrado cumplir plenamente con las obligaciones establecidas en la legislación.

De acuerdo con el Índice de Transparencia del Desarrollo Institucional, elaborado con información correspondiente a 2024 y presentado en 2025, la Policía Estatal de Guanajuato obtuvo una calificación de menos 44 puntos, en una escala de cero a menos 100, donde cero representa el cumplimiento total de los criterios legales evaluados.

"El hecho de que tenga menos 44 quiere decir que, pues no está ni cerca todavía de cumplir con eso mínimo que establece la ley en ninguna de estas materias", señaló.

Policías reprobados siguen dentro de la corporación

Uno de los hallazgos más preocupantes es que elementos de la Policía Estatal que no aprobaron sus evaluaciones de control de confianza permanecieron trabajando dentro de la institución, pese a que acreditar estos exámenes constituye un requisito legal de permanencia.

Escobar Ayala explicó que, aunque las corporaciones reportan porcentajes de aprobación de entre 99 y 100 por ciento, estos resultados contrastan con la permanencia de agentes que no acreditaron las evaluaciones.

"Si tienes elementos que no aprobaron el control de confianza, como fue en el caso de Guanajuato, un número muy chiquito, ¿qué pasó con esos elementos? Y lo que nos contestan es que siguen trabajando dentro de la corporación".

El investigador cuestionó que los procesos de certificación y profesionalización no necesariamente se traduzcan en decisiones para corregir las deficiencias detectadas.

A ello se suma otra irregularidad: la información proporcionada por la propia corporación presenta contradicciones sobre el número de policías que integran sus filas, lo que impide conocer con certeza su estado de fuerza.

Aunque reconoció que Guanajuato cuenta con un sistema de carrera policial consolidado, también identificó deficiencias en los mecanismos para garantizar el uso adecuado de la fuerza, una problemática que, aseguró, se extiende a prácticamente todas las policías del país.

Policías municipales operan con rezagos

Respecto a las denuncias de presuntos abusos policiales en León y las agresiones contra estudiantes universitarios en Guanajuato capital, el investigador advirtió que las corporaciones municipales enfrentan condiciones institucionales todavía más desfavorables.

Sin embargo, aclaró que la evaluación de Causa en Común corresponde exclusivamente a la Policía Estatal y que no existen suficientes diagnósticos públicos para establecer una calificación equivalente de las corporaciones municipales.

Señaló que, conforme a estimaciones oficiales del INEGI, las policías municipales presentan rezagos presupuestales y deficiencias en prestaciones laborales, capacitación y desarrollo institucional.

También cuestionó que la entrega de patrullas, equipamiento y los anuncios constantes de capacitación sean utilizados como indicadores de fortalecimiento policial cuando no necesariamente se traducen en mejores prácticas operativas.

Apenas 400 peritos para atender Guanajuato

La situación de la Fiscalía General del Estado también fue cuestionada por Causa en Común, particularmente por la insuficiencia de personal especializado para atender las investigaciones criminales y los procesos de identificación humana.

Escobar Ayala estimó, con referencia al Censo Nacional de Procuración de Justicia del INEGI, que Guanajuato cuenta con alrededor de 400 peritos, cifra que reconoció como aproximada y que requiere corroborarse con el registro oficial.

Este personal debe atender las distintas especialidades periciales requeridas en los 46 municipios, desde investigaciones criminales hasta el procesamiento de fosas clandestinas y la identificación de restos humanos.

"Se necesita muchísimo más personal, insisto, sobre todo en las áreas periciales que se encargue de toda la magnitud de casos, ¿no? Que se reciben todos los días".

Explicó que las fiscalías han concentrado históricamente sus esfuerzos de profesionalización en policías de investigación y ministerios públicos, mientras que el personal pericial ha quedado relegado en sistemas de carrera, certificación y capacitación especializada.

Esta situación, sostuvo, forma parte de un abandono nacional de las capacidades de identificación humana, que limita la respuesta institucional ante las desapariciones.

Opacidad impide evaluar condiciones en los penales

Las deficiencias también alcanzan al sistema penitenciario.

El investigador señaló que uno de los principales obstáculos para conocer las condiciones laborales y profesionales del personal de custodia es la falta de información pública.

Explicó que las instituciones penitenciarias no siempre proporcionan datos suficientes para evaluar sus mecanismos de profesionalización, desarrollo institucional y condiciones de operación.

Esta opacidad, afirmó, no es exclusiva de Guanajuato, sino que constituye una problemática recurrente en los centros penitenciarios del país.

Estado delega responsabilidades a familias buscadoras

Finalmente, Escobar Ayala cuestionó que las autoridades impulsen capacitaciones y certificaciones dirigidas a familiares de personas desaparecidas, mientras persisten deficiencias en las instituciones encargadas legalmente de realizar las búsquedas e investigaciones.

Consideró que estas acciones pueden reflejar una transferencia de responsabilidades hacia quienes ya enfrentan las consecuencias de la desaparición de sus familiares.

"Duele sobre todo por la recurrencia o los recordatorios de una autoridad que pretende ser omisa ante este problema y que en buena medida, creo yo, ha encontrado cómodo delegar estas obligaciones de búsqueda y de investigación a pues las familiares de los desaparecidos".

Para el investigador de Causa en Común, la falta de personal especializado, las deficiencias institucionales y la insuficiente rendición de cuentas evidencian una deuda pendiente del Estado mexicano con la procuración de justicia y las víctimas de desaparición.

Los hallazgos corresponden a evaluaciones con datos de 2024, por lo que no necesariamente describen la situación actual de todas las instituciones.