Centros de Rehabilitación del Bajío se movilizarán al Senado
León
Fecha: 01-12-2025
El presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, anunció que van a acudir al Senado para a exigir que sean incluidas sus opiniones en la reforma de la Ley General de Salud, que busca regular a los anexos en todo el país.
Señaló que la reforma aprobada hace dos semanas por el Congreso de la Unión y que entrará en vigor el 7 de enero del próximo año, les representan un retroceso para los centros de atención y podrían afectar la operación de cientos de espacios de rehabilitación en el país.
En rueda de prensa 180 líderes de anexos del estado de Guanajuato, advirtieron que los cambios legales limitarán la operación de los centros al impedir que atiendan a personas que ingresan en contra de su voluntad.
Indicaron que se trata de una práctica que forma parte de la realidad cotidiana de cientos de familias que buscan ayuda inmediata ante el consumo de sustancias.
El representante de los centros de rehabilitación Pérez Ponce explicó que la modificación legislativa fue aprobada sin haber analizado a fondo las implicaciones y sin consultar a los centros de rehabilitación, que actualmente operan bajo modelos mixtos y atienden a la población que es en todos los casos son referidas por sus familiares
Además, adelantó que preparan protestas y acciones de presión dirigidas a los senadores que tendrán que revisar el dictamen.
¿Qué establece la reforma a la Ley General de Salud?
El 11 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen que entre los que destacan puntos que exigen la atención en adicciones y que deberá apegarse a un Modelo de Atención Integral, con carácter comunitario, interdisciplinario e intersectorial.
La reforma obliga a los centros a que los servicios se brinden bajo un enfoque de derechos, con una perspectiva de género y la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, la reforma establece que el tratamiento deberá ofrecerse desde el primer nivel de atención y en hospitales generales, privilegiando la participación voluntaria de las personas con consumo problemático.
