El reto de cobrar la pensión alimenticia

En Guanajuato, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar representa un problema que impacta directamente la economía y estabilidad de miles de familias, por ello durante los últimos 6 años se han presentado más de 14 mil denuncias por este delito, pero solamente alrededor del 20% ha llegado ante un juez, es decir, cerca de 2 mil 800 casos, mientras que la mayoría permanece fuera de una etapa judicial. (Fuente Congreso del Estado de Guanajuato)

Tan solo durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron mil 545 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo que coloca al estado entre las entidades con una incidencia importante en este delito y entre los principales obstáculos se encuentran la integración de las carpetas de investigación, localización de los deudores, acreditación de ingresos y recopilación de elementos para que los casos puedan ser judicializados. (Fuente Congreso del Estado de Guanajuato)

Otro de los puntos que genera cuestionamientos

Es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que desde su creación en 2022 suma únicamente 121 personas inscritas, una cifra que no puede compararse directamente con las más de 14 mil denuncias, debido a que una denuncia no genera automáticamente la inscripción en el registro. (Fuente Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

Ante este panorama, especialistas y autoridades han planteado la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las instituciones encargadas de brindar asesoría jurídica, además de mejorar los mecanismos para localizar ingresos y patrimonio de los deudores y reducir los tiempos de investigación y judicialización. 

La Secretaría de las Mujeres

Informó que durante el primer semestre de 2026 otorgó más de 13 mil asesorías especializadas, un incremento de 84 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa una vía de orientación para mujeres que enfrentan diversas problemáticas.  (Fuente Secretaría de las Mujeres)

El reto, sin embargo, continúa siendo cerrar la brecha entre la denuncia y el cumplimiento efectivo en la que los casos sean investigados, lleguen ante un juez, se establezca las obligaciones correspondientes y finalmente niñas, niños y adolescentes reciban de manera oportuna los recursos destinados a alimentación, educación, salud, vivienda y demás necesidades básicas.