La confrontación entre el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro contra tres regidoras del Cabildo alcanzó un nivel crítico luego que autoridades otorgaran medidas de protección a las funcionarias, entre ellas el dispositivo Pulso de Vida, un mecanismo con geolocalización que permite emitir alertas inmediatas ante una situación de riesgo.
Alondra Romero Cordero (PRI), Luz Elena Aguirre Sandoval (Morena) y Evelyn Sarahi Castañeda Chávez (independiente) cuentan con estas medidas desde el mes de julio, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales evaluara que existían condiciones que ponían en riesgo su integridad física y su ejercicio como representantes populares.
De acuerdo con las ediles la situación se agravó desde marzo pasado, cuando comenzaron a enfrentar restricciones para ingresar a la Sala de Regidores y a las oficinas de Presidencia Municipal. Señalan que el acceso sólo les es permitido durante sesiones de Cabildo o mediante autorización expresa del propio alcalde.
Las regidoras también documentaron un incidente ocurrido en noviembre en la delegación de San Martín, donde acudieron para participar en una jornada de reforestación. Según su versión, primero fueron videograbadas por personal municipal y posteriormente interceptadas por policías locales, quienes intentaron detenerlas bajo el argumento de una supuesta tala de árboles.
Ante estos hechos, dos de las tres regidoras ampliaron la semana pasada su denuncia ante la Fiscalía del Estado, bajo la carpeta CI 2980/2025-DX, al considerar que los actos cometidos en su contra configuran violencia política en razón de género
Las denuncias por violencia política se suman a una serie de controversias que han rodeado a la administración municipal en los últimos meses. En junio, la Fiscalía General de la República aseguró el Museo Nacional del Tequila tras el cierre del recinto ordenado por el Ayuntamiento sin los permisos federales correspondientes. En diciembre, además, se hicieron públicas denuncias por presunta extorsión contra el alcalde y otros funcionarios, así como señalamientos adicionales de violencia de género, acoso digital y amenazas.