Estacionamiento en el espacio público, negocio redondo

Lo que alguna vez fue un derecho ciudadano estacionarse en el espacio público, se ha convertido en una fuente de ingresos que beneficia a unos pocos y genera molestia para a los ciudadanos. Parquímetros concesionados, franeleros dispersos y tolerados en cualquier punto de la ciudad sobre todo céntrico y cobros disfrazados de "ordenamiento vial" han creado una red de intereses económicos alrededor del uso del espacio urbano, sin que haya una mejora visible en movilidad o urbanismo.

Los gobiernos de los municipios han justificado la instalación de parquímetros como una medida para regular el tránsito y fomentar la rotación vehicular. Sin embargo, los montos recaudados, los contratos de concesión y el destino de esos recursos permanecen bajo un velo de opacidad.

Los franeleros siguen siendo parte del paisaje urbano. En muchos casos, las autoridades mantienen una tolerancia institucional, permitiendo una práctica que legalmente es sancionable.

Expertos en urbanismo advierten que el espacio público se ha mercantilizado. "La calle no es solo un sitio para el automóvil; es un bien común. Cuando se privatiza mediante concesiones o cobros irregulares, se vulnera el derecho a la ciudad.

Por su parte, las organizaciones civiles en materia de movilidad sustentable señalan que los ingresos por parquímetros deberían destinarse a mejorar banquetas, ciclovías y transporte público, no a engrosar los ingresos de empresas privadas.

En la práctica, la convivencia entre residentes, comerciantes y automovilistas se ha vuelto tensa. En zonas habitacionales, los vecinos reclaman pagar por estacionarse frente a sus propias casas, mientras que en áreas comerciales los clientes se quejan de tarifas abusivas.

Si bien en la entidad guanajuatense en ninguno de los municipios existen parquímetros, pero el estado esta considerada la tercera entidad con más estacionamientos a nivel nacional en el que destacan los del municipio zapatero de León.

En todo el territorio de Guanajuato se tienen contabilizados 1 mil 974 lugares de estacionamientos para vehículos.

Mientras los gobiernos regulan con mano dura a los automovilistas, los franeleros operan con total impunidad. En León, se calcula la presencia de más de 800 personas que cobran por estacionar vehículos en las calles de la ciudad.

El reto está en revisar los contratos, transparentar los ingresos y repensar la gestión del espacio urbano. Porque mientras los ciudadanos siguen pagando por lo que ya es suyo, las banquetas y calles siguen sin reflejar una mejora real en movilidad, equidad o calidad de vida.