Estrategias de seguridad aisladas entre Gobierno Federal y estados

La reciente ofensiva federal en Michoacán, activada tras el asesinato del líder social Carlos Manzo, reavivó una pregunta que también golpea a Guanajuato: ¿funcionan realmente las estrategias de seguridad coordinadas entre el gobierno federal y los estados? o son esfuerzos aislados.

El despliegue extraordinario en Michoacán reproducido luego en otros estados confirma un patrón ya conocido, donde la Federación intensifica su presencia solo después de un hecho de alto impacto, y no como parte de una política sostenida.

Expertos en seguridad consultados señalan que esto crea la percepción de "tácticas a modo", en donde la intervención depende más del momento político o la gravedad mediática del delito que de una estrategia nacional articulada.

A pesar de ser el estado con el mayor número de homicidios dolosos del país durante cinco años consecutivos, la intervención de la Federación ha sido discontinua, con incrementos de fuerza federal solo durante crisis puntuales: ataques a policías, incendios de vehículos, o capturas específicas.

Mientras tanto, en estados vecinos como Michoacán o Jalisco, la Federación ha asumido un papel más protagónico, incluso militarizado, lo que evidencia un trato diferenciado dependiendo de factores políticos, de presión social o de coyuntura.

Entre los esfuerzos aisaldos entre federación y estado destacan el Operativo "Escudo" en Guanajuato, refuerzos militares en Michoacán redujeron bloqueos y desplazamientos forzados durante semanas, pero la actividad delictiva regresó una vez que la presencia federal se relajó.

Estados del corredor del Bajío han alternado picos de violencia conforme la presión federal se mueve entre entidades. Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas muestran picos alternados de homicidios y ataques armados, un comportamiento que analistas llaman "violencia de desplazamiento".