Estudiantes en Pénjamo piden expulsión de “compañeros agresores”

Con pancartas, consignas y un cierre simbólico de las instalaciones, más de un centenar de estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Pénjamo, perteneciente a la Universidad de Guanajuato (UG), se manifestaron para exigir la expulsión definitiva de compañeros señalados por presuntas agresiones contra alumnas y personal docente.

Entre los casos denunciados por los manifestantes se encuentran presuntas amenazas de carácter sexual contra una estudiante y una profesora, así como la difusión no consentida de un supuesto video íntimo de otra alumna, quien habría sido víctima de acoso por parte de otros estudiantes.

Los jóvenes aseguraron que las víctimas acudieron ante las autoridades del plantel para denunciar lo ocurrido, pero acusaron que la atención fue tardía y que, hasta el momento no hay avances suficientes para garantizar justicia y evitar que estas situaciones se repitan.

Ante la inconformidad, los alumnos mantuvieron cerradas las instalaciones como medida de presión y suspendieron las actividades académicas para demandar una respuesta institucional concreta.

Durante la protesta, el director de la preparatoria salió a dialogar con los manifestantes, quienes le entregaron un pliego petitorio con sus principales exigencias. Entre ellas destaca la instalación, a la brevedad, de una mesa de negociación con autoridades universitarias para atender los casos denunciados y definir compromisos. Hasta el momento aún no hay soluciones.

Esperan resultados de las negociaciones 

Uno de los voceros del movimiento advirtió que la continuidad del paro dependerá de los resultados de las negociaciones y de que exista una respuesta favorable a sus peticiones. De lo contrario, los alumnos mantendrán la suspensión de actividades hasta obtener soluciones.

Hasta el momento, los señalamientos expuestos durante la manifestación no cuentan con una postura pública de la Universidad de Guanajuato en la información disponible. Los casos deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes, con medidas que protejan a las presuntas víctimas y garanticen el debido proceso.