Fracking en Veracruz: el impacto ambiental y social del fracturamiento hidráulico

Veracruz se posiciona como una de las entidades con mayor presencia de fracturamiento hidráulico en México, al registrar más de 2,000 pozos intervenidos mediante este procedimiento. De acuerdo con datos de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la entidad comparte los mayores niveles de explotación bajo esta técnica junto con Puebla y Tamaulipas, en medio de senalamientos por parte de organizaciones civiles respecto al consumo intensivo de agua, la falta de regulación y las emisiones contaminantes generadas por la industria hidrocarburífera.

El procedimiento de fracturación hidráulica consiste en perforar de forma vertical hasta alcanzar las formaciones rocosas, para posteriormente inyectar agua a altas presiones en combinación con arena y aditivos químicos. Este proceso busca superar la resistencia de la roca para abrir o expandir fisuras que faciliten la extracción de hidrocarburos.

Consumo de agua y reactivación de pozos en el norte del estado

Estimaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking señalan que cada pozo sometido a este procedimiento requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua dulce, la cual se mezcla con más de 750 sustancias químicas. Organizaciones sociales advierten que este volumen de agua impacta directamente en el suministro para comunidades locales, zonas de cultivo y áreas urbanas.

En la región norte del estado se ha identificado la reapertura de campos que se encontraban inactivos. Alejandra Jiménez Ramírez, ambientalista e integrante de la organización, explicó la situación en la zona.

"Lo que podemos ver en la zona norte del estado es que ya se están volviendo a abrir pozos que ya no estaban siendo explotados y que habían sido explotados con fracking. Hoy en día se están volviendo a utilizar".

Entre los municipios veracruzanos con registros de intervenciones mediante fracturamiento hidráulico se encuentran Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Castillo de Teayo, Álamo Temapache, Tierra Blanca y Actopan, además del municipio de Venustiano Carranza en la zona limítrofe.

Opacidad, emisiones contaminantes y vacío legislativo

Monitoreos realizados por la Alianza Mexicana Contra el Fracking y la organización EarthWorks en la región del Aceite Terciario del Golfo ?zona que abarca municipios de Puebla y Veracruz? documentaron emisiones de contaminantes derivadas de la infraestructura petrolera.

Sobre la supervisión de estas instalaciones, Manuel Llano, director de la organización CartoCrítica, señaló deficiencias en el reporte y monitoreo de las operaciones:

"No tenemos información sobre los derrames, sobre los accidentes; nadie vigila. Una sola instalación de Pemex, resulta que midiéndolo desde un satélite, tenía más emisiones que todas las reportadas en el país en un año. Este es el nivel de desinformación y el nivel de malas condiciones en los que opera la infraestructura de PEMEX".

A los riesgos operativos se suma el manejo de los pozos al término de su ciclo productivo. Cecilia Navarro, representante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, advirtió sobre la falta de trabajos de remediación ambiental:

"Esos pozos, cuando llegan al final de su vida útil, son abandonados sin ninguna remediación; son pozos que han sido fracturados más de 70 veces".

Pese a las protestas de colectivos y comunidades desde administraciones federales anteriores hasta el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no existe a la fecha una prohibición explícita del fracturamiento hidráulico en la Ley General de Hidrocarburos ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, los proyectos aprobados en asignaciones previas mantienen viabilidad técnica y presupuestal para continuar operando en el país.