Gobierno delega su responsabilidad a madres buscadoras mientras Fiscalía sigue sin resultados
León
Fecha: 15-10-2026
La fundadora del colectivo "Una Luz en Mi Camino", Norma Patricia Barrón Núñez, cuestionó que el Gobierno de Guanajuato impulse certificaciones para familiares de personas desaparecidas, mientras las instituciones responsables de realizar las búsquedas enfrentan señalamientos por falta de resultados, rezago forense y deficiencias en la identificación de restos humanos.
Para la activista, estas capacitaciones representan una herramienta que puede ayudar a los colectivos, pero también reflejan cómo las familias continúan asumiendo responsabilidades que legalmente corresponden a las autoridades.
La declaración surge ante el anuncio de certificaciones a través del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), dirigidas a personas que participan en la búsqueda de desaparecidos.
Buscadoras arriesgan su vida sin sueldo ni protección médica
Barrón Núñez señaló que las madres buscadoras enfrentan riesgos físicos, emocionales y psicológicos durante las jornadas de búsqueda, sin recibir una remuneración económica por realizar actividades que corresponden a las instituciones del Estado.
Explicó que, si el gobierno pretende profesionalizar a quienes buscan a sus familiares, también debería considerar mecanismos de atención médica ante posibles lesiones o enfermedades derivadas de estas actividades.
"Tenemos que hacer frente a esta situación arriesgando, desafortunadamente, nuestra propia vida, nuestra integridad, desgastándonos psicológicamente, físicamente".
Cuestionó que las certificaciones no estén acompañadas de medidas de protección y atención integral para las familias que participan en las búsquedas.
"Nosotros no recibimos un sueldo por parte de ninguna institución. Lo único que nosotros hacemos es trabajar, pero pues para buscar los que nos hacen falta".
Colectivos encuentran restos donde Fiscalía había descartado fosas
Uno de los señalamientos más graves de la fundadora de "Una Luz en Mi Camino" está relacionado con las intervenciones de las autoridades en posibles sitios de inhumación clandestina.
Aseguró que integrantes de colectivos han localizado restos humanos en lugares que previamente habían sido revisados por personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y reportados como negativos.
"A nosotros la Fiscalía nos ha dado fosas que son negativas y cuando va el colectivo asumimos esa carga y resulta que la fosa que la Fiscalía nos dio negativa, nosotros la encontramos y es positiva".
Ante esta situación, consideró necesario revisar la preparación y certificación del personal especializado en criminalística, arqueología y antropología forense, además de evaluar los procedimientos utilizados durante las búsquedas.
Sostuvo que el problema no solamente radica en la capacitación, sino también en la aplicación de los conocimientos y en el compromiso institucional para obtener resultados.
"Lo que se requiere son ganas de trabajar, que es lo que a veces hace falta en las instituciones, ganas de sacar esos cuerpos porque nos hemos dado cuenta que a veces nada más sacan la mitad, no los sacan todos".
Estas declaraciones constituyen señalamientos de la representante del colectivo sobre las actuaciones ministeriales y periciales.
Advierten riesgos de criminalizar las búsquedas en fosas clandestinas
Otra preocupación de Barrón Núñez está relacionada con una posible tipificación penal de la exhumación clandestina, medida que, desde su perspectiva, podría generar consecuencias para quienes participan en la recuperación de restos humanos.
Explicó que las capacitaciones incluyen conocimientos de criminalística, procesos de descomposición, identificación de posibles fosas y procedimientos relacionados con el manejo de restos.
Sin embargo, cuestionó la utilidad de estas certificaciones si posteriormente las familias enfrentan restricciones legales para intervenir en sitios de búsqueda.
"¿Para qué nos van a servir las certificaciones, las capacitaciones y al final de cuentas nos van a agarrar de las manos para poder realizar las búsquedas?".
Pidió a los legisladores analizar las implicaciones de cualquier modificación penal, particularmente para evitar que las familias sean criminalizadas por actividades relacionadas con la localización de sus seres queridos.
La activista se refirió a una posible reforma, sin precisar una iniciativa aprobada o disposiciones legales concretas.
Desaparecidos desde 2018 siguen sin ser localizados; persiste rezago forense
La fundadora del colectivo advirtió que numerosas familias continúan buscando a personas desaparecidas desde 2018, 2019 y 2020, sin conocer qué ocurrió con ellas.
Describió esta situación como un embudo que mantiene estancados los casos más antiguos, pese a los avances en herramientas y procedimientos de búsqueda.
"Tenemos aquí un embudo, yo digo, es un embudo de que cuerpos del año 2018, 2019 y 2020 no han sido encontrados y que somos la mayoría de las familias que integra los colectivos".
Reconoció que actualmente existen mayores herramientas de investigación, impulsadas también por la presión y participación de las familias, pero sostuvo que los resultados continúan siendo insuficientes.
Una de sus principales preocupaciones es que personas desaparecidas pudieran encontrarse entre los cuerpos enviados a fosas comunes, sin haber sido identificadas.
Por ello, explicó que los colectivos también trabajan en la revisión y exhumación de restos depositados en panteones de diferentes municipios, con la esperanza de encontrar a sus familiares.
Asimismo, cuestionó el rezago en la identificación forense y consideró necesario revisar qué ocurrió durante los años anteriores en los servicios médicos forenses.
Iglesia contribuye a visibilizar la crisis de desapariciones
En otro tema, Norma Patricia Barrón Núñez reconoció el acercamiento de representantes de la Iglesia católica con los colectivos de búsqueda y consideró positivo que la problemática de las desapariciones llegue a espacios internacionales.
Esto, luego de que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, y el vicepresidente del organismo, el arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, acudieran a Roma para reunirse con el papa León XIV y presentarle un compendio con rostros de personas desaparecidas en México.
La activista destacó que la participación de sacerdotes y obispos puede contribuir a sensibilizar a la sociedad y generar mayor colaboración ciudadana.
Señaló que el miedo continúa siendo uno de los principales obstáculos para obtener información sobre posibles sitios de búsqueda, particularmente en comunidades donde las personas prefieren guardar silencio.
"Sabemos que el miedo pues hace que callen voces y esas voces pues son de la sociedad que no se quieren meter en problemas".
Consideró que visibilizar las desapariciones desde ámbitos religiosos, educativos y sociales puede contribuir a que más personas proporcionen información que permita localizar a quienes siguen desaparecidos.
"Cualquier apoyo que nos pudieran dar desde cualquier ámbito para nosotros es muy, muy importante".
Para Barrón Núñez, el reclamo central permanece: las familias necesitan resultados en las investigaciones, identificación de restos humanos y localización de sus seres queridos, más allá de recibir documentos que acrediten conocimientos adquiridos durante años de búsqueda.
