La política migratoria de Estados Unidos mantiene en jaque a miles de guanajuatenses que trabajan del otro lado de la frontera. Las deportaciones, el endurecimiento de las medidas laborales y el discurso discriminatorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump han colocado nuevamente a los trabajadores mexicanos en una situación de vulnerabilidad.
Ante este panorama, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato han anunciado una serie de propuestas encaminadas a fortalecer la protección y reinserción de los connacionales repatriados.
El objetivo es garantizar apoyos económicos, capacitación laboral y asistencia jurídica a los migrantes que regresan al estado tras ser expulsados de la Unión Americana.
Los migrantes guanajuatenses enviaron más de 5 mil millones de dólares en remesas durante 2024, cifra que representa una parte importante en el ingreso familiar en comunidades rurales y urbanas del estado.
En contraste, los procesos de deportación continúan aumentando, dejando a miles de guanajuatenses sin empleo, sin seguridad social y, en muchos casos, sin identidad legal.
En lo que va del año 5 mil paisanos de Guanajuato han sido repatriados debido a la política migratoria del presidente norteamericano Donald Trump.
Las iniciativas que el PAN pretende llevar al Congreso local la creación de un Fondo Estatal para la Reintegración de Repatriados, la ampliación de los programas de becas para hijos de migrantes y un acuerdo de cooperación con consulados mexicanos en Estados Unidos para ofrecer orientación jurídica y laboral.
Asimismo, se busca promover convenios con el sector privado guanajuatense para facilitar la reincorporación laboral de quienes regresan con experiencia técnica o profesional adquirida en el extranjero.
Los legisladores también planean exhortar al Congreso de la Unión a revisar los acuerdos bilaterales en materia laboral y migratoria, con el fin de exigir a Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos.
Las tensiones diplomáticas y un clima político hostil hacia los migrantes, la discusión sobre la protección de los repatriados cobra una relevancia urgente. Mientras las remesas continúan sosteniendo la economía local, el reto está en transformar la solidaridad económica en políticas públicas que reconozcan y protejan a quienes más aportan desde fuera del país.