Guanajuato inicia restricción de celulares en escuelas, pero falta reglamento

A partir de este martes 3 de noviembre, miles de estudiantes de Guanajuato deberán dejar de utilizar teléfonos celulares durante la jornada escolar, incluidos los recreos, como parte de una disposición nacional que busca reducir las distracciones, mejorar el aprendizaje y recuperar la convivencia entre alumnos.

Sin embargo, la aplicación de esta medida encuentra a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) con un pendiente: concluir y dar a conocer los lineamientos estatales que definirán su operación en las escuelas.

La restricción es obligatoria para planteles públicos y privados de educación básica, aunque contempla excepciones por emergencias, necesidades de salud, discapacidad y actividades pedagógicas previamente programadas.

Guanajuato trabaja en sus propias reglas

El Congreso de Guanajuato aprobó el 30 de abril una reforma a la Ley de Educación estatal para regular el uso de dispositivos electrónicos.

Desde mayo, la SEG trabaja en la elaboración de lineamientos con participación de docentes, directivos y padres de familia.

En octubre, la delegada regional de Educación en León, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, reconoció que el documento todavía estaba en preparación y debía presentarse a las comunidades escolares. 

Ley estatal establece obligación de emitir lineamientos

La reforma, publicada el 14 de mayo, obliga a la SEG a emitir disposiciones específicas dentro de un plazo de 180 días, que vence en noviembre.

Hasta este 3 de noviembre, la revisión de fuentes oficiales no permitió localizar un reglamento estatal definitivo publicado.

Pendientes las sanciones y protocolos escolares

Tampoco se identificaron disposiciones estatales específicas sobre el resguardo de teléfonos, posibles sanciones o mecanismos de comunicación entre estudiantes y familiares.

En preparatorias, cada institución deberá establecer sus propias reglas; en universidades se promoverá el uso responsable.

El acuerdo federal ya está vigente, pero Guanajuato tiene pendiente transparentar cómo garantizará su cumplimiento en los planteles.