Iglesia guarda silencio sobre sacerdotes investigados por presuntos abusos sexuales contra menores
León
Fecha: 10-11-2026
La falta de transparencia sobre las investigaciones por presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Guanajuato vuelve a colocar bajo cuestionamiento la actuación de la Iglesia católica, ante la ausencia de información pública sobre sanciones, víctimas atendidas y denuncias presentadas ante las autoridades.
Entre 2017 y 2026, seis casos fueron señalados ante la Diócesis de Irapuato. Sin embargo, su obispo, Enrique Díaz Díaz, evitó precisar cuántos religiosos fueron investigados, separados de sus funciones o sancionados, así como el número de víctimas que recibieron acompañamiento.
El silencio sobre el seguimiento de estos casos cobra mayor relevancia tras conocerse el proceso penal contra el sacerdote Constantino Molina Hernández, conocido como el Padre Tino, acusado de presuntos delitos sexuales contra un menor de edad en San José Iturbide.
Obispo de la Diócesis de Irapuato Enrique Díaz Díaz
"Yo creo que hemos ido poco a poco avanzando en este camino de transparencia cuando hay alguna denuncia se ha formado esta comisión de protección de prevención".
"Yo creo que hemos ido avanzando poco a poco en este camino de transparencia cuando hay alguna denuncia".
Un denunciante identificado como Jorge "N" aseguró que los hechos ocurrieron entre 2010 y 2014, cuando tenía apenas once años y participaba como monaguillo.
Según su testimonio, presentó la denuncia penal hasta marzo de 2025.
Por lo pronto el sacerdote enfrenta un proceso judicial, por lo que debe mantenerse la presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria.
ALEJANDRA LOREDO, COMISIÓN DIOCESANA DE PROTECCIÓN A MENORES
"También apoyamos con abogados que colaboran, no trabajan para la comisión si no que tratamos de apoyarles con asesoría jurídica respetando en todo momento el derecho que tienen a presentar la denuncia correspondiente".
La Comisión Diocesana de Protección a Menores asegura que funciona como una oficina de escucha y acompañamiento para quienes denuncian daños dentro de la institución religiosa.
Pero escuchar a las víctimas no equivale a esclarecer los hechos ni sustituye las investigaciones de las autoridades ministeriales
La información pendiente incluye cuántas denuncias fueron recibidas, cuántos sacerdotes fueron separados de sus funciones, cuántos expedientes llegaron ante las autoridades y qué ocurrió con cada caso.
Mientras no existan respuestas verificables, permanece abierta una exigencia fundamental: conocer cómo actuó la Iglesia frente a las denuncias y qué mecanismos garantizan la protección de niñas, niños y adolescentes.
