En México, más allá de los grandes crímenes mediáticos o ligados al narcotráfico, los delitos cotidianos como el robo, los asaltos, el fraude y la extorsión afectan directamente la vida diaria de millones de personas, erosionando la seguridad, la confianza y la economía familiar.
En el municipio de León la realidad es particularmente palpable.
En Guanajuato se abrieron mil 27 carpetas por el delito de extorsión en el 2024, durante el primer trimestre el aumento de este delito fue del 131.8 por ciento, mientras que de enero a mayo del 2025 ya van 583 investigaciones por el cobro de piso.
El robo con violencia se concentró en un 19.13 por ciento de los casos estatales con un aumento del 10 por ciento en carpetas de investigación al tercer trimestre de 2024.
El robo a transeúnte es el segundo delito con mayor incremento, en la entidad creció un 31.6 por ciento con 224 denuncias en 2023 a 297 en 2024.
Por lo tanto, los delitos cotidianos generan miedo, alteran rutinas, comerciantes son amenazados a pagar el "derecho de piso" por temor a represalias; peatones evitan transitar solos; las familias cambian horarios y modos de vida.
La extorsión en León se incrementó en un 200 por ciento, antes era Celaya, hoy el cobro de piso llegó a la ciudad.
La extorsión se reporta en variadas modalidades; llamadas telefónicas hasta "cobro de piso" presencial esta apunta a comerciantes informales y establecimientos locales.
El robo con violencia y asalto a transeúnte se presenta frecuentemente en zonas comerciales y de alta circulación.
En las denuncias se reportan uso de armas blancas o intimidación física.
A nivel nacional, el 69.9 por ciento de los mexicanos se siente inseguro, a pesar de la reducción de los homicidios.
Esto revela que el 10 por ciento de los delitos son denunciados mientras que el 93 por ciento quedan en la "cifra negra".
La violencia invisible los delitos que no generan titulares, pero sí descomponen la cotidianeidad representa la verdadera guerra silenciosa que viven los leoneses.
La extorsión, el robo y el asalto no solo suman estadísticas; modifican vidas, ahogan economías familiares y generan un ambiente de constante vulnerabilidad.
La solución exige una respuesta no solo policial, sino también institucional y social: confianza para denunciar, justicia efectiva y reconstrucción del tejido comunitario a través de solidaridad y seguridad real.