La tranza con el agua
León
Fecha: 11-11-2025
El robo y mal uso del agua en México se ha convertido en una de las formas más evidentes de corrupción e impunidad. Desde tomas clandestinas hasta redes de huachicoleo controladas por el crimen organizado, el país enfrenta una crisis que va más allá de la escasez: es una crisis institucional que pone en riesgo el derecho humano al agua.
Pero el gobierno busca enmendarse la plana con la expedición de la Ley General de Aguas la cual busca fortalecer y garantizar el derecho humano al agua, al saneamiento y poner orden en las concesiones de la explotación de los mantos acuíferos.
En estados como Guanajuato, Chihuahua, Sonora o Puebla, las autoridades han detectado miles de tomas ilegales en pozos y redes públicas, con pérdidas millonarias para los organismos operadores.
Según estimaciones oficiales el 40 por ciento del agua extraída no llega a los usuarios legales es desviada por conexiones clandestinas o manipulaciones en los medidores.
En todo el país fueron detectadas 58 mil 938 títulos de agua irregulares.
La concentración de concesiones privadas en manos de grandes agroindustrias, mineras e inmobiliarias ha desplazado a comunidades enteras.
En regiones rurales, los habitantes destinan recursos importantes en pipas de agua a precios exorbitantes, muchas veces provenientes de redes ilegales administradas por mafias locales.
El problema se agrava con la falta de supervisión de la Comisión Nacional del Agua -Conagua- y los gobiernos estatales.
En Guanajuato el 25% de las concesiones están vencidas o no tienen seguimiento técnico, lo que facilita la explotación desmedida de los mantos acuíferos.
También se encontraron dos concesiones con usos distintos a los registrados:
Una de estas concesiones de uso público urbano, destinada exclusivamente a municipios para abastecer a la población se usa en realidad para particulares.
Un título de uso agrícola exento de pago de agua por destinarse a la producción de alimentos se emplea en un club de golf en San Miguel de Allende
A nivel nacional, se tienen 197 concesiones destinadas al uso público que son aprovechadas por particulares, mientras que 272 títulos agrícolas se usan para fines distintos, entre ellos complejos industriales, balnearios, clubes de golf y venta de pipas.
En zonas urbanas, como León, Guadalajara o el Valle de México, el desabasto se combina con el abandono de la infraestructura hidráulica. Los organismos operadores denuncian pérdidas por fugas y robo de agua, mientras en colonias populares el suministro llega apenas unas horas por semana.
Detrás de este caos hídrico operan redes criminales que comercian agua robada, con la complicidad por omisión o corrupción de funcionarios municipales y estatales.
El costo para la ciudadanía es doble: pagan tarifas cada vez más altas por un servicio deficiente, mientras los grandes usuarios continúan beneficiándose de concesiones.
El reto para México no solo es técnico, sino político y ético: romper la red de impunidad que convierte el agua en mercancía y privilegio, en lugar de garantizarla como un derecho fundamental.
