México desmantelado

El robo sistemático de infraestructura pública como cables eléctricos, fibra óptica, medidores de agua y luz, tapas de alcantarilla y piezas metálicas, se ha convertido en un delito silencioso que avanza sin freno en todo el país.

Aunque sus consecuencias son visibles, apagones, fallas de internet, fugas de agua y caos viaL, el combate a este tipo de robo sigue siendo mínimo, con altos niveles de impunidad y un daño patrimonial estimado en miles de millones de pesos anuales.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las denuncias por robo de cable y equipamiento urbano crecieron más de 60% en los últimos cinco años. Tan solo entre 2020 y 2024, se registraron más de 35 mil denuncias en todo el país, aunque especialistas estiman que la cifra negra supera el 80%, con un costo de reposición de casi 5 mil 200 millones de pesos.

Entre lo robado destaca la sustracción de cobre, ya que su valor ronda los 150 pesos por kilogramo, pero en el mercado negro mexicano puede alcanzar los 200 pesos, Lo robado suele terminar en chatarrerías o recicladoras sin registro, donde se mezcla con material legal para dificultar su rastreo.

A pesar del impacto, solo el 3% de las denuncias derivan en una detención, y menos del 1% llega a sentencia condenatoria, según datos de la Fiscalía General de la República.

Autoridades locales atribuyen esta impunidad a la dificultad de probar la propiedad del material robado,

En Guanajuato, se han endurecido las sanciones con penas de hasta 12 años de prisión cuando el robo afecta infraestructura pública.

En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró 8,624 robos de cableado, medidores y otros equipos en el estado, una cifra que representa un aumento del 64 % con respecto al año anterior.

Aunque el Código Penal Federal castiga el robo con penas de dos a diez años de prisión, no existe una figura específica para el robo de infraestructura pública, por lo que la mayoría de los casos se procesan como "daño en propiedad ajena" o "robo simple", con sanciones menores.

En el municipio de León, la Dirección General de Movilidad reportó 31 cruceros afectados por robo de cableado durante los primeros cuatro meses de 2025, es decir, más del doble de los casos en el mismo periodo de 2024 (13).

La ciudad de León también ha documentado un incremento del 10 % en el robo de medidores de agua: el SAPAL ha tenido que reponer más de 1,595 medidores entre enero y agosto de 2023 debido a robos o extravíos.

En León, cuando roban medidores de agua, el costo de reposición recae sobre los usuarios: el SAPAL cobra 973.02 pesos en muchos casos para reinstalar un nuevo medidor.